El Gobierno aplica nuevos recortes en Derechos Humanos y Cultura

El gobierno nacional profundizó esta semana su política de ajuste sobre distintas áreas del Estado, y el nuevo capítulo del recorte alcanzó a organismos clave de Derechos Humanos y Cultura. La Secretaría de Derechos Humanos fue uno de los principales blancos: se le quitó jerarquía institucional, se redujo drásticamente su presupuesto y se concretaron cientos de despidos. A la par, se oficializó la centralización de importantes estructuras culturales como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, la CONABIP y el Palacio Libertad, ahora bajo una órbita más controlada por el Poder Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, se informó que fueron desvincionadas 405 personas que se desempeñaban en la Secretaría de Derechos Humanos. Según el propio funcionario, la medida busca "profesionalizar" el área y "reducir gastos innecesarios", aunque sectores vinculados a los organismos de derechos humanos advierten que se trata de un desmantelamiento sin precedentes. La cartera, además, dejó de tener el rango de secretaría y pasó a ser una dependencia de menor peso dentro del organigrama nacional.

Los recortes también se reflejan en los números. En los primeros tres meses del año, el presupuesto ejecutado para políticas de derechos humanos cayó un 17% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Algunos programas emblemáticos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos o los sitios de memoria, sufrieron recortes aún más severos, en algunos casos superiores al 70%. Desde organismos como Abuelas de Plaza de Mayo expresaron preocupación por el impacto de estas decisiones, que consideran un retroceso grave en el camino de memoria, verdad y justicia.

Pero el ajuste no se detuvo allí. En el área de Cultura, se anunció una reorganización que implica la fusión o centralización de varios espacios e instituciones históricas. Tecnópolis, el Museo Nacional de Bellas Artes, la CONABIP y el Palacio Libertad, entre otros, quedarán bajo una misma estructura de control, eliminando niveles intermedios de gestión. La Secretaría de Cultura también perdió autonomía: fue absorbida por la Jefatura de Gabinete, concentrando aún más el poder de decisión.

Distintos referentes del ámbito cultural cuestionaron la medida por entender que se limita la pluralidad de voces y se debilita el rol del Estado como garante de acceso a la cultura. La reducción de fondos en organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes o la Biblioteca Nacional, cuyos presupuestos se achicaron entre un 30% y un 50%, refuerza ese diagnóstico.

Mientras el Gobierno defiende el rumbo con el argumento de reducir el déficit y sanear las cuentas públicas, las críticas crecen por lo bajo en algunos sectores del propio oficialismo, donde temen que el impacto simbólico y social de estas medidas pueda terminar siendo más costoso que el ahorro fiscal que representan. El debate sobre qué Estado quiere la Argentina sigue abierto, pero el presente deja en claro hacia dónde apunta la motosierra: a los pilares más simbólicos de la memoria y la cultura nacional.