Con el objetivo de reactivar la economía y generar confianza, el gobierno nacional anunció una serie de medidas que eliminan regímenes de información fiscal y elevan los montos de control sobre operaciones bancarias. El plan busca atraer los ahorros en dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
Nacionales22/05/2025 Expreso Mendoza
El gobierno nacional lanzó esta semana un ambicioso paquete de medidas con el objetivo de atraer al sistema financiero formal los miles de millones de dólares que los argentinos atesoran fuera del circuito bancario. Bajo el nombre de "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", el Ejecutivo apuesta a una estrategia que combina la eliminación de regímenes de información fiscal con nuevos umbrales para reportar operaciones bancarias, en un intento por generar confianza y descomprimir la presión impositiva que durante años empujó a muchos al ahorro informal.
La presentación estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes insistieron en que se trata de un “cambio de paradigma” y no de un blanqueo de capitales. En ese sentido, señalaron que el Estado busca dejar atrás “la persecución” sobre los ciudadanos por cómo manejan sus ahorros, y enviar una señal clara de que "la plata que uno tiene es de uno, no del Estado".
Entre los cambios más significativos se destaca la derogación de múltiples regímenes informativos. Ya no será obligatorio para escribanos reportar operaciones al fisco, lo mismo que agentes inmobiliarios, administraciones de consorcio o empresas de servicios públicos como luz, gas o telefonía. También dejará de exigirse la información sobre consumos altos o compras de vehículos usados, algo que hasta ahora alimentaba las bases de datos impositivas y disparaba controles.
En el mismo sentido, se elevarán sustancialmente los montos a partir de los cuales los bancos deben informar movimientos de dinero. Hasta ahora, una transferencia o depósito superior a un millón de pesos quedaba bajo la lupa de la AFIP. Con el nuevo esquema, ese umbral pasa a 50 millones para personas físicas y 30 millones para personas jurídicas. Lo mismo ocurre con los saldos mensuales en cuentas bancarias, plazos fijos, extracciones de efectivo o movimientos en billeteras virtuales: todos los montos mínimos para reportar se actualizan de manera drástica.
Otro punto saliente es que los bancos ya no podrán exigir a sus clientes declaraciones juradas de impuestos nacionales como condición para operar. De hecho, el Gobierno alienta a los ciudadanos a rechazar ese requerimiento y, en caso de ser presionados, acudir a Defensa del Consumidor.
Con estas decisiones, el Ejecutivo busca lo que considera una “remonetización” de la economía: que los argentinos saquen sus dólares del colchón, las cajas de seguridad o los paraísos fiscales, y los vuelquen a la compra de bienes, inversiones productivas o cualquier actividad dentro del sistema legal.
El trasfondo de esta jugada tiene una doble intención: por un lado, impulsar el consumo y la actividad económica en un contexto recesivo; por otro, engrosar las arcas fiscales sin aumentar impuestos, confiando en que el dinero que se formalice será suficiente para oxigenar las cuentas públicas.
Desde la oposición, algunos sectores pusieron reparos sobre los riesgos de desmantelar los sistemas de control financiero sin reemplazos adecuados. También hubo advertencias desde el Fondo Monetario Internacional, que recordó que cualquier política de este tipo debe alinearse con los estándares internacionales contra el lavado de dinero.
Sin embargo, en el entorno de Javier Milei aseguran que esta es una de las reformas estructurales más importantes de su gestión, porque apunta a resolver uno de los problemas de fondo de la economía argentina: la desconfianza histórica en el Estado y la fuga sistemática de divisas hacia la informalidad.
“Tus dólares, tu decisión”, fue el eslogan elegido para presentar esta medida. Una frase que resume el espíritu libertario del gobierno, pero también la apuesta fuerte por un cambio cultural en la relación entre los ciudadanos y el dinero que con tanto esfuerzo han sabido guardar. Ahora, queda por ver cuántos estarán dispuestos a creer, y a volver.
El Gobierno impulsa una reforma en el Código Alimentario para prohibir colorantes derivados del petróleo en productos ultraprocesados. La medida, inspirada en políticas aplicadas en Estados Unidos, apunta a reducir riesgos para la salud infantil y dar un giro preventivo al sistema sanitario.
El Gobierno lanzó el “Plan Colchón”, una audaz propuesta para incorporar al circuito legal los miles de millones de dólares que los argentinos guardan fuera del sistema. Sin penalidades ni exigencias, la medida busca atraer esos fondos con promesas de estabilidad, menos impuestos y mayor libertad financiera. Mientras genera entusiasmo en algunos sectores, también despierta críticas y dudas sobre su alcance real.
El diputado Julio Cobos presentó un proyecto de ley para modificar el Código Nacional Electoral y enfrentar el uso de videos falsos generados por inteligencia artificial en plena campaña. La iniciativa, que busca proteger la transparencia democrática, generó apoyos y rechazos entre los bloques mendocinos y reavivó la polémica tras la difusión de un video fake sobre Mauricio Macri.
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En una decisión que marca un giro en la política de subsidios, el Gobierno nacional anunció la eliminación de la asistencia estatal para más de 15.500 usuarios de alto poder adquisitivo en Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA. La medida, que apunta a reforzar el orden fiscal y terminar con los beneficios injustificados, permitirá un ahorro de $3.000 millones anuales.
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