Argentina avanza hacia la eliminación de colorantes sintéticos en alimentos y golosinas

El Gobierno argentino acaba de dar un paso audaz y polémico en su cruzada por mejorar la calidad alimentaria del país: prepara una prohibición progresiva de ciertos colorantes sintéticos que se encuentran en golosinas y alimentos ultraprocesados. Inspirada en medidas similares que ya comenzaron a aplicarse en Estados Unidos, la iniciativa busca atacar uno de los aspectos más cuestionados de la industria alimenticia: los aditivos derivados del petróleo que, si bien no aportan valor nutricional, sí le dan color y atractivo a productos destinados especialmente al público infantil.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien confirmó que ya se trabaja junto a la ANMAT en una reforma del Código Alimentario que implicará la eliminación escalonada de estos compuestos. La primera etapa, según detalló, será el retiro del dióxido de titanio (INS 171) de postres lácteos y polvos saborizados. Este aditivo, aprobado hasta ahora en Argentina, ya ha sido prohibido en otros países por sus potenciales efectos cancerígenos.

Los estudios en los que se apoya el Gobierno son contundentes. Desde hace más de medio siglo, científicos vienen advirtiendo sobre los efectos negativos de estos colorantes en el desarrollo cognitivo y emocional de los chicos. La revista médica JAMA publicó recientemente un artículo que respalda esta preocupación: la exposición a colorantes alimentarios sintéticos puede agravar o incluso provocar conductas alteradas, déficit de atención e irritabilidad. No es casualidad que el cambio se centre en los productos que más consumen los menores: caramelos, gomitas, gelatinas, yogures y jugos de colores intensos.

Pero la medida no será abrupta. Según el plan oficial, se prevé un período de adecuación que permitirá a las empresas reformular sus productos. Ya se están estudiando alternativas naturales: pigmentos de flores como la Clitoria ternatea, extractos de microalgas como la Galdieria sulphuraria, y componentes minerales como el fosfato cálcico. El objetivo es reducir riesgos sin eliminar del todo la paleta de colores que caracteriza a tantas marcas tradicionales.

En paralelo, hay un mensaje político fuerte detrás de la decisión. En su exposición ante empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Lugones fue tajante: “La industria alimenticia genera obesidad que después necesita medicamentos. Eso tiene que ser al revés”. Con ese espíritu, el Gobierno busca correrse de una lógica puramente curativa del sistema de salud, para empezar a prevenir desde la base. Es una apuesta ambiciosa, que enfrenta resistencias pero también encuentra apoyos en un clima social que cada vez mira con más atención qué hay detrás de lo que comemos.

Desde ya, no todo el sector empresarial está encantado con la novedad. Reformular productos implica costos, cambios logísticos y, muchas veces, resistencias del mercado. No son pocas las veces en que iniciativas similares fracasaron por la presión de los consumidores. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, General Mills intentó reemplazar los colorantes artificiales en sus cereales Trix, pero tuvo que dar marcha atrás ante las quejas por el “nuevo sabor”.

Aun así, la Argentina se suma a un movimiento global que ya tomó fuerza en Europa, en varios estados de EE.UU., y también en países vecinos. La premisa es clara: si se sabe que algo puede hacer daño, especialmente a los niños, no hay excusa para dejarlo pasar. Lo que está en juego no es una golosina más o menos atractiva, sino una salud pública que ya no tolera tratar las consecuencias sin revisar las causas.

La pregunta ahora es si el país —industria, consumidores y autoridades— está listo para cambiar de hábitos. Porque lo que hasta hace poco parecía un debate de especialistas, hoy se vuelve una decisión política que afecta a todos, desde la góndola hasta el aula.