Durante su paso por Mendoza para brindar un show en el Arena Maipú, el cantante Abel Pintos realizó una visita a una finca ubicada en el departamento de Lavalle, donde junto a su socio impulsa un emprendimiento productivo de casi 100 hectáreas centrado en el cultivo de pistacho y la elaboración de aceite de oliva. La recorrida coincidió con un contexto particular: parte del terreno había sido, hasta hace pocos días, escenario de una disputa judicial por la ocupación de una fracción del predio.
En ese sector vivía la familia Angulo Ferreira, desalojada el 28 de mayo por orden judicial tras ser imputada por usurpación de inmueble. El matrimonio y sus cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad, habían comprado en febrero de 2024 un lote de 1.500 metros cuadrados utilizando una indemnización laboral. Según sostienen, desconocían que la propiedad formaba parte de un terreno mayor adquirido por Pintos y su socio, Marcelo González, a través de una operación formal realizada con el banco HSBC, titular de los derechos registrales.
La situación generó malestar y exposición pública. Desde el entorno del cantante calificaron como “una especie de extorsión mediática” las declaraciones del padre de familia, Alberto Angulo, quien expresó su deseo de tener contacto con el músico: “Quizás nos podría ayudar en algo, y sería muy bueno”.
La disputa por la tierra se remonta a una superposición de ventas por parte de distintos actores. Mientras Pintos y su socio avanzaron con la adquisición del campo a través de canales formales, la familia Angulo compró el terreno a un particular que aseguraba tener derechos posesorios, figura reconocida en algunos contextos rurales, pero sujeta a condiciones legales específicas. La causa fue tramitada en la Justicia provincial, que determinó la ilegalidad de la ocupación y ordenó el desalojo.
Actualmente, los Angulo residen de forma provisoria en un lote prestado por un amigo, en medio de gestiones para reunir cinco millones de pesos con los que esperan poder adquirir ese terreno y volver a construir su hogar. Por su parte, el abogado del músico confirmó que no continuarán con la querella penal, lo que podría derivar en el sobreseimiento de la pareja.
El episodio deja planteado un debate más amplio sobre la seguridad jurídica, los procesos de compraventa de tierras en zonas rurales y la tensión entre la formalidad registral y la posesión de hecho, una cuestión frecuente en diversas áreas del país.
