La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero de 2026 quedó envuelta en una nueva polémica luego de que el Gobierno decidiera no aplicar una metodología alternativa que había sido anunciada previamente. La determinación fue interpretada por analistas y economistas como un retroceso en materia de previsibilidad estadística.
Según estimaciones oficiales, la inflación de enero se ubicaría en torno al 2,5%, lo que implicaría una leve desaceleración respecto del 2,8% registrado en diciembre de 2025. El dato sería informado utilizando la metodología tradicional, sin incorporar cambios en la canasta ni en los ponderadores.
La postergación del nuevo esquema generó críticas desde distintos sectores técnicos, que sostienen que el índice actualizado habría reflejado un aumento mayor de los precios, especialmente en rubros sensibles como alimentos, servicios y transporte.
Desde el Ministerio de Economía argumentaron que mantener el método vigente responde a la necesidad de garantizar continuidad estadística y evitar distorsiones en un contexto económico todavía inestable. Sin embargo, la explicación no logró despejar las dudas sobre la independencia técnica del organismo.
La situación se produce además en un momento clave, con la presencia de técnicos internacionales que analizan las cifras macroeconómicas del país y evalúan el cumplimiento de metas fiscales y monetarias. En ese marco, la consistencia de los datos oficiales adquiere un peso central.
Otro elemento que suma ruido al escenario es la evolución de la recaudación tributaria, que acumula varios meses creciendo por debajo del ritmo inflacionario. Para los analistas, esta divergencia plantea interrogantes sobre la dinámica real de la actividad económica.
La discusión sobre el IPC no se limita al número mensual, sino que expone una disputa más profunda sobre cómo se mide la inflación, quién define los criterios técnicos y qué impacto tienen esas decisiones en la confianza pública.
En este contexto, el dato de enero se transforma en una referencia clave no solo para los mercados y los acuerdos salariales, sino también para evaluar la credibilidad del sistema estadístico nacional.
