Expreso MendozaEl Congreso Nacional arrancó este miércoles con uno de los debates más calientes de la agenda legislativa: las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. El interés ciudadano superó todas las previsiones. Más de 100.000 personas se registraron para exponer su posición, un número sin precedentes en la historia parlamentaria argentina para una instancia de este tipo.
Sin embargo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales —presididas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc— resolvieron limitar drásticamente la participación: solo 200 exposiciones podrán realizarse de manera presencial o virtual, mientras que el resto deberá enviar su aporte en formato de video, sin posibilidad de interacción.
Las restricciones no se limitaron al número de oradores. También se estableció que solo podrán participar de las reuniones de comisión los diputados que integran formalmente esos cuerpos, a pesar de que el reglamento habilita la presencia de cualquier legislador. Se fijó además un máximo de dos asesores por bloque, lo que la oposición calificó como una reducción injustificada de la transparencia del proceso.
La Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas que buscaban ampliar la audiencia para garantizar que todos los inscriptos pudieran exponer. Tras ese revés judicial, las mismas organizaciones, junto con bloques opositores, convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna de traer una silla o reposera y hacer fila hasta ser escuchados.
De la protesta participaron representantes de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto con integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural. Todos advierten sobre los posibles efectos ambientales, sociales y culturales de una flexibilización de la normativa vigente.
En el oficialismo existe una intención clara de acelerar los tiempos: las audiencias son un requisito formal previo al dictamen, y en La Libertad Avanza buscan avanzar rápidamente hacia la firma y el posterior tratamiento en el recinto. El proyecto apunta a habilitar actividades en zonas actualmente restringidas, en particular las consideradas áreas periglaciares.
Entre los cambios propuestos figura la sustitución del concepto de "ambiente periglacial" por el de "geoforma periglacial", lo que implicaría una reducción de las áreas bajo protección. También se propone revisar el inventario de glaciares y permitir intervenciones en determinadas zonas si las provincias logran demostrar que no se afecta el recurso hídrico.
Para Mendoza, este debate no es abstracto. Los glaciares y zonas periglaciares de la cordillera son la fuente de agua que alimenta el oasis productivo provincial: los ríos Mendoza, Tunuyán y Diamante nacen en esas alturas. Sin nieve ni hielo acumulado en la montaña, la provincia no tiene agua para sus viñedos, sus frutales, sus ciudades ni su industria. La reforma de la ley toca el corazón del sistema hídrico mendocino.
Al mismo tiempo, en Mendoza existe presión para desarrollar proyectos mineros en zonas de alta montaña que podrían quedar habilitados si la ley se flexibiliza. El conflicto entre desarrollo minero y protección del agua no es nuevo en la provincia: es una de las tensiones más profundas de su política ambiental desde hace décadas.
El debate legislativo de esta semana en el Congreso es, para Mendoza, una definición sobre el futuro del agua.
