Expreso MendozaEl 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires leyó sus veredictos. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera recibieron prisión perpetua. Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti recibieron penas menores. Dos años después del retorno de la democracia, Argentina había hecho lo que casi ningún país en el mundo había logrado: juzgar a sus propios dictadores ante tribunales civiles, con pruebas, testigos y garantías procesales. El Juicio a las Juntas fue un hecho histórico sin precedentes.
Duró nueve meses. Pasaron 833 testigos. La televisión mostró fragmentos. El país escuchó por primera vez, en voz alta y con nombre propio, los relatos de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. La CONADEP ya había presentado el Nunca Más, con 8.961 casos documentados. La sociedad argentina procesó en ese juicio una verdad que muchos sabían pero pocos habían podido decir en voz alta.
El fallo, sin embargo, no cerró el ciclo. Lo abrió.
Las leyes de impunidad y la deuda que no se saldó
En 1986 y 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La primera ponía un límite de tiempo para presentar denuncias. La segunda eximía de responsabilidad a los oficiales que hubieran actuado "en cumplimiento de órdenes". El resultado fue la paralización de los juicios contra cientos de represores. En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem indultó a los jefes de las Juntas ya condenados, incluyendo a Videla y Massera.
Los organismos de derechos humanos no aceptaron esas decisiones. Durante más de una década sostuvieron la presión, documentaron casos, avanzaron por otros caminos —los juicios en Europa, los "juicios por la verdad" sin condena— hasta que en 2003 el Congreso anuló las leyes de impunidad. Dos años después, la Corte Suprema declaró esa anulación constitucional. Los juicios se reabrieron.
El estado de la justicia a 50 años del golpe
Los números al cumplirse el medio siglo del golpe son contundentes: 361 sentencias dictadas desde 2006, con 1.231 personas condenadas. Hay 12 juicios en curso en este momento en distintos puntos del país. Casi 300 causas activas en etapa de investigación.
Pero también hay una cifra que los organismos de derechos humanos señalan con preocupación: más del 84 por ciento de los condenados cumple la pena en prisión domiciliaria. Hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 están en sus casas. Y 1.582 investigados permanecen en libertad. La brecha entre quienes están presos y quienes no es, en 2026, la más grande de la historia del registro judicial.
El tiempo biológico es el obstáculo que la justicia no puede superar. Muchos represores han muerto sin condena. Otros fallecen durante los procesos. La lentitud del sistema judicial frente a la magnitud de los crímenes es una deuda que el Estado argentino no ha saldado.
Mendoza, en el mapa de la justicia
En la provincia, los juicios por lesa humanidad tienen un capítulo especialmente notable. En 2017, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó a cuatro exjueces a prisión perpetua por complicidad con el terrorismo de Estado: el "Juicio a los Jueces" fue uno de los fallos más singulares del país. En marzo de 2026, con el aniversario del golpe encima, la Justicia mendocina procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños y adolescentes durante la dictadura. Los procesos locales siguen abiertos.
El Juicio a las Juntas de 1985 demostró que era posible juzgar en democracia lo que la dictadura quiso que quedara impune para siempre. Cuarenta años después, ese proceso sigue inconcluso. No porque haya fallado, sino porque la magnitud del crimen cometido entre 1976 y 1983 es demasiado grande para que cualquier sistema judicial lo procese en su totalidad.
Nunca Más no es solo una frase. Es también una exigencia de que la justicia llegue antes de que el tiempo la haga imposible.
