Expreso MendozaArgentina logró el viernes su triunfo judicial más importante en décadas ante los tribunales de los Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar USD 16.100 millones por la estatización de YPF en 2012, una cifra que con los intereses acumulados había trepado a cerca de USD 20.000 millones.
El fallo del tribunal de alzada dictaminó que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina al dictar su sentencia. La Cámara ordenó una revisión integral del caso, señalando que las leyes locales de los países deben tener mayor importancia que las regulaciones de las empresas. Concretamente, defendió la ley de renacionalización de YPF por encima del estatuto de la petrolera, que obligaba a extender al resto de los accionistas el mismo valor pagado por el 51% de las acciones adquiridas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La causa arranca en 2012, cuando Argentina decidió estatizar YPF sin aplicar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) contemplada en el estatuto de la empresa. El Grupo Petersen, que poseía el 25,46% de las acciones y las financiaba con los dividendos que YPF distribuía, entró en quiebra cuando esos dividendos se cortaron. El síndico de esa quiebra vendió la causa a Burford Capital en mayo de 2015 por apenas USD 15 millones. Burford ampliaría luego esa inversión hasta los USD 85 millones y se presentó en los tribunales de Nueva York en septiembre de ese año.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de Burford y del fondo Eton Park, con una condena que el propio fondo de inversión celebró como una de las más importantes contra un Estado soberano. Para los demandantes, el golpe de este viernes es catastrófico: invirtieron aproximadamente USD 500 millones en la causa y ahora la ven prácticamente perdida. La acción de Burford cayó cerca del 40% en el NYSE en las horas posteriores al fallo.
Para la Argentina, el fallo no podría llegar en mejor momento. El país evita tener que resolver un endeudamiento que representaba casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central. Además, salva definitivamente la propiedad del 51% de las acciones de YPF en poder del Estado nacional, que eran objeto de embargo por parte de Burford.
Detrás del resultado hay una estrategia jurídica que se mantuvo consistente a través de tres gobiernos distintos. El estudio Sullivan & Cromwell representó a Argentina desde 2020, sosteniendo siempre el mismo argumento: una ley local es siempre superior al estatuto de una empresa. Esa línea fue respetada tanto por las procuraciones del Tesoro de Alberto Fernández como por las de Javier Milei.
También hubo un factor externo determinante. Tanto el gobierno de Joe Biden como el de Donald Trump respaldaron explícitamente la posición argentina ante los tribunales, argumentando que los bienes de los Estados extranjeros en territorio norteamericano gozan de inmunidad. La cercanía política entre Milei y Trump habría contribuido a que el Departamento de Estado norteamericano se manifestara con particular firmeza en ese sentido.
La Cámara devolvió el caso a Preska, quien deberá rehacer su fallo bajo una nueva óptica interpretativa. Burford tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque ese camino luce cuesta arriba tras la contundencia del fallo de alzada.
Para Mendoza, que tiene en YPF un actor central de su sector energético —con operaciones en Vaca Muerta mendocina y concesiones en el territorio provincial—, la estabilidad jurídica de la petrolera tiene implicancias directas sobre inversiones, empleo y regalías.
