El gobierno avanza con la motosierra y prepara la eliminación de 60 organismos del Estado

El gobierno nacional continúa profundizando su plan de ajuste con una nueva oleada de recortes que apunta directamente a la estructura del Estado. Esta vez, el presidente Javier Milei va por más: planea eliminar o fusionar unos 60 organismos públicos en una avanzada que desde el propio oficialismo se denomina “motosierra profunda”. A pesar de que muchas de estas medidas aún no se concretaron, el mensaje es claro: la desregulación avanza sin freno y con el respaldo pleno del equipo económico.

Desde que asumió, Milei ha dejado en claro que su modelo de país necesita un Estado más chico, con menos intervención y, sobre todo, más austero. Para ejecutar esta visión, delegó buena parte del trabajo en Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien desde hace semanas mantiene reuniones con diferentes áreas del gobierno para definir qué estructuras pueden ser eliminadas o absorbidas por otras.

Algunas de las entidades en la mira son organismos dedicados a la cultura, el turismo, los pueblos originarios y el transporte. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) figuran entre los posibles blancos de la tijera oficial. En algunos casos, como con ANAC y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), se estudió una posible fusión, pero las diferencias de competencias técnicas frenaron el avance.

Hasta ahora, el único organismo que efectivamente dejó de existir es el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), cuya clausura se formalizó semanas atrás. La mayoría de su personal fue despedido —alrededor del 70%— y el resto fue reubicado dentro del Ministerio de Justicia. En otros entes hubo recortes de personal, pero no se llegó a la disolución total.

Aunque el gobierno defiende esta política como una forma de achicar el gasto público y terminar con lo que considera “estructuras innecesarias”, las críticas no tardaron en llegar. Especialistas, trabajadores y referentes de diferentes sectores advierten que muchas de estas instituciones cumplen funciones clave, ya sea en materia de inclusión, promoción económica o regulación técnica. También hay temor por los efectos colaterales de un vaciamiento sin planificación: desde vacíos normativos hasta impactos negativos en industrias estratégicas.

Por ahora, el gobierno avanza por decreto, lo que genera tensiones incluso dentro del Congreso, donde no logra todavía el respaldo suficiente para aprobar leyes estructurales como la Ley Ómnibus. Pero Milei no parece dispuesto a ceder: su narrativa insiste en que el país necesita un cambio radical y que eso implica, entre otras cosas, reducir el Estado a su mínima expresión.

La motosierra sigue encendida. El interrogante es hasta dónde llegará y cuánto resistirá la estructura estatal antes de que comiencen a notarse, de manera más cruda, los efectos de este experimento inédito en la Argentina democrática.