El Gobierno avanza con sanciones a estatales que se sumen al paro de 36 horas

En medio de una creciente tensión con los gremios estatales, la Casa Rosada tomó una decisión que promete avivar aún más el conflicto: se descontará el día a todos los empleados públicos que adhieran al paro de 36 horas convocado por ATE y UPCN, en consonancia con la huelga general lanzada por la CGT. La medida no cayó bien entre los sindicatos, que ya salieron al cruce acusando al Gobierno de atacar derechos constitucionales básicos como el derecho a huelga.

Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la postura oficial. Con un tono firme, sostuvo que “el salario es una contraprestación, y quien no trabaja es razonable que no cobre”. De esta manera, la administración nacional deja claro que no está dispuesta a tolerar inasistencias sin consecuencias dentro de la estructura estatal, especialmente en un contexto de fuerte ajuste y reducción del gasto público.

El anuncio cayó como un balde de agua fría en ATE y UPCN. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, salió rápidamente a responder, denunciando que esta decisión “pisotea la Constitución Nacional” y representa una forma de disciplinamiento que no están dispuestos a aceptar. Desde su óptica, el Gobierno intenta frenar la protesta con amenazas en lugar de abrir canales de diálogo.

Pero la sanción económica no será la única. La Casa Rosada advirtió que los agentes estatales que participen de actividades no autorizadas durante la jornada de huelga podrían enfrentar también sanciones administrativas. En un comunicado oficial, se dejó claro que estos empleados “serán pasibles de las medidas disciplinarias que correspondan según el régimen legal vigente”.

El trasfondo de esta disputa es el creciente malestar de los trabajadores estatales frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, que incluyen recortes, despidos, congelamiento salarial y una fuerte presión sobre las cuentas públicas. Para los gremios, el paro es una forma de expresar ese descontento. Para el Gobierno, en cambio, se trata de una medida injustificada que entorpece el funcionamiento del Estado y perjudica a millones de ciudadanos.

Con este escenario en ebullición, todo indica que los próximos días serán clave. Los sindicatos ya anticiparon que no retrocederán en su plan de lucha, y el Gobierno, por ahora, parece decidido a mantener su línea dura. En el medio, miles de trabajadores y ciudadanos que, una vez más, quedan atrapados en el choque de dos visiones irreconciliables sobre el rumbo del país.