Eduardo Belliboni y el Polo Obrero bajo la lupa judicial por extorsión a beneficiarios del Potenciar Trabajo

Eduardo Belliboni, uno de los referentes más visibles del Polo Obrero, será juzgado por la Justicia federal tras ser acusado de liderar una estructura de extorsión montada sobre el plan social Potenciar Trabajo. Según la acusación, bajo su conducción se habría instaurado un sistema de amenazas, presiones y desvío de fondos públicos que afectó directamente a personas en situación de vulnerabilidad.

La causa se inició a fines de 2023, a partir de denuncias anónimas que llegaron tanto al Ministerio de Desarrollo Social como a la Justicia. En ellas, se advertía que algunos beneficiarios del programa eran obligados a asistir a marchas y a entregar parte del dinero que recibían, bajo amenaza de ser dados de baja del plan si no cumplían. Lo que comenzó como una investigación puntual derivó en una causa que hoy alcanza a 18 personas, entre ellas Belliboni, todos vinculados al Polo Obrero.

El juez Sebastián Casanello procesó al dirigente y a sus allegados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, coacción y extorsión. A esto se sumó una auditoría interna del Ministerio de Desarrollo que detectó irregularidades en la rendición de cuentas de convenios firmados con cooperativas ligadas a la organización, por un total cercano a los 50 millones de pesos. Facturas falsas, insumos que nunca fueron entregados y subsidios que no se usaron para los fines establecidos forman parte de la documentación que la fiscalía reunió para sostener el pedido de juicio.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos a principios de este año, y en febrero, el fiscal Gerardo Pollicita formalizó la solicitud de elevación a juicio oral. En su escrito, describió la existencia de una “matriz delictiva” articulada desde el Polo Obrero, que habría utilizado su rol como intermediario entre el Estado y los beneficiarios para manipular, condicionar y sacar provecho de una población altamente vulnerable.

Según la acusación, la organización manejaba decenas de miles de planes sociales —se estima que alrededor de 65.000— y en muchos casos cobraba una “colaboración obligatoria” a los beneficiarios, que podía llegar hasta el 2% del monto mensual recibido. También se los presionaba para que asistieran a movilizaciones, bajo la amenaza de ser denunciados como “no activos” y perder el subsidio.

La Oficina Anticorrupción y Poder Ciudadano, que actúan como querellantes, apoyaron la solicitud de juicio. Ambos organismos remarcaron la gravedad institucional del caso: no sólo por el perjuicio económico al Estado, sino por el daño humano que representa extorsionar a quienes dependen de la ayuda pública para sobrevivir.

En el trasfondo de este proceso judicial resuena un debate que lleva años sin resolverse en la Argentina: el uso de los planes sociales, su distribución, su control y la figura de los movimientos sociales como intermediarios entre el Estado y los más necesitados. Lo que para muchos fue un sistema de contención, hoy queda en entredicho ante la posibilidad de que haya sido utilizado como herramienta de poder, presión y corrupción.

Eduardo Belliboni ha negado todas las acusaciones en su contra y sostiene que se trata de una persecución política contra las organizaciones sociales. Sin embargo, será la Justicia la que deberá determinar, en un juicio que promete ser largo y de alto impacto, si las pruebas alcanzan para condenarlo por lo que, de confirmarse, sería uno de los escándalos más graves en la historia reciente del manejo de la asistencia social en el país.