Mendoza retoma la prohibición de celulares en cárceles tras aval judicial

La batalla judicial por el uso de celulares en las cárceles mendocinas sumó un nuevo capítulo este lunes. El juez Juan Manuel Pina resolvió aceptar la apelación presentada por el Gobierno provincial y dio vía libre a la quita de teléfonos móviles a los internos de los penales de Boulogne Sur Mer y San Felipe. La medida llega tras una semana cargada de tensión institucional, luego de que su colega, el juez Sebastián Sarmiento, suspendiera esa misma resolución en respuesta a un hábeas corpus colectivo.

El tema volvió a encenderse cuando Sarmiento falló a favor de los detenidos, argumentando que el Servicio Penitenciario no había cumplido con las condiciones mínimas de comunicación impuestas en 2024. En ese entonces, la Justicia había ordenado, entre otras cosas, que se dispusiera al menos una cabina telefónica cada 200 internos. Pero según un informe presentado recientemente, esas condiciones aún no estaban garantizadas.

El fallo de Sarmiento generó una fuerte reacción en el Gobierno. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue tajante: aseguró que el juez se había extralimitado en sus funciones. La vicegobernadora Hebe Casado también salió al cruce y recordó que la Corte ya se había expresado con claridad: no hay razones sanitarias ni excepcionales que justifiquen la presencia de celulares en las cárceles, como ocurrió durante la pandemia.

La presión política y mediática no tardó en surtir efecto. Sarmiento decidió apartarse del caso, al considerar que su imparcialidad había quedado en entredicho. Con ese movimiento, el expediente pasó a manos de Pina, quien no dudó en conceder la apelación del Servicio Penitenciario, encabezado por Eduardo Orellana. En su resolución, Pina no solo suspendió lo dispuesto por Sarmiento, sino que sentó nuevamente la postura oficial: los teléfonos deben salir de las cárceles.

Pero el debate no está saldado. Desde la Defensoría General sostienen que permitir el uso de celulares ha tenido un efecto positivo en la conducta de los internos. Incluso propusieron que se extienda el uso hasta diciembre de 2025, respaldándose en el DNU 70/23 que establece la continuidad de la emergencia sanitaria hasta fin de año.

Mientras tanto, la Suprema Corte también se pronunció. Por mayoría, el máximo tribunal provincial ratificó la prohibición del uso de celulares en los penales, pero fijó un plazo de seis meses para que se concrete el retiro de todos los dispositivos. Se establecieron algunas excepciones, como en el caso de mujeres que conviven con hijos menores, a quienes se les permitirá mantener contacto a través de los teléfonos móviles.

El telón de fondo es complejo: por un lado, la necesidad del Estado de mantener el control dentro de las cárceles y evitar que los celulares sean utilizados para cometer delitos; por el otro, el derecho de los presos a no quedar completamente incomunicados. Lo que queda claro es que, al menos por ahora, la línea dura del Gobierno se impone. Y que la disputa entre Justicia, Poder Ejecutivo y organismos de defensa pública está lejos de apagarse.