Condenan a Marcos Herrero por plantar pruebas en el caso Facundo Astudillo Castro

El instructor de perros Marcos Herrero fue condenado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. La Justicia lo halló culpable de haber plantado pruebas falsas en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida en 2020 en la provincia de Buenos Aires. Además de la pena de prisión efectiva, se le impuso una inhabilitación de 14 años para ejercer su profesión.

La sentencia, que marca un precedente inusual en el sistema judicial argentino, dejó al descubierto la metodología fraudulenta de quien durante años se presentó como experto en rastreo canino y colaboró en varias causas resonantes en el país. Herrero, expolicía de Río Negro, fue convocado por la querella en el caso Astudillo Castro, uno de los expedientes más sensibles de los últimos años, que sacudió a la opinión pública por las sospechas de violencia institucional en la desaparición del joven.

Durante su intervención en esa causa, Herrero afirmó haber encontrado rastros de sangre, objetos personales y “esencias” pertenecientes a Facundo en sitios clave para la investigación. Sin embargo, peritajes posteriores revelaron que esas supuestas pruebas habían sido colocadas de forma deliberada por él, con el objetivo de desviar el rumbo de la causa. Esta maniobra no solo puso en jaque la búsqueda de justicia por Facundo, sino que también sembró dudas sobre decenas de causas en las que Herrero había trabajado previamente.

No es la primera vez que Herrero enfrenta una condena judicial. En 2023, la Justicia de Mendoza lo sentenció a ocho meses de prisión condicional por su accionar en la búsqueda de Viviana Luna, una mujer desaparecida en Potrerillos desde 2016. En aquella oportunidad, dijo haber hallado restos óseos y un monedero con supuestos datos comprometedores, pero los estudios forenses determinaron que los huesos no pertenecían a Luna y que habían sido manipulados. De hecho, algunos de esos restos habían sido utilizados por el mismo Herrero en otra investigación, en la provincia de Santa Cruz.

El caso de Marcos Herrero abre una herida profunda en la confianza que el sistema judicial deposita en los peritos y especialistas externos. Lo que parecía ser la colaboración de un experto se convirtió en un mecanismo de fraude, con consecuencias penales y éticas gravísimas. Su condena no solo busca reparar el daño provocado en causas puntuales, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad profesional y la necesidad de mayores controles sobre quienes intervienen en investigaciones tan sensibles.