En una decisión que marca un cambio en el rol tradicional de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa —a cargo del mendocino Luis Petri— autorizó el despliegue de efectivos del Ejército y la Armada en las zonas fronterizas del país. El objetivo es reforzar la vigilancia y actuar, en casos excepcionales, en la detención transitoria de civiles sorprendidos en delitos flagrantes.
La medida, que ya está en marcha bajo el denominado "Operativo Roca", contempla la participación de unos 10.000 uniformados. Petri defendió la decisión asegurando que "la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar en el control de fronteras" y recordó que la detención en flagrancia "está prevista tanto en los códigos procesales provinciales como en el nacional".
Según explicó el funcionario, Argentina sigue así el camino de sus países vecinos. "Todos los países limítrofes utilizan a sus fuerzas armadas para reforzar la seguridad en las fronteras", argumentó Petri, quien también mencionó como referencia el rol militar en la frontera sur de Estados Unidos.
La resolución provocó reacciones inmediatas. Sectores de la oposición, especialistas en derecho y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos de militarizar la seguridad interior, algo históricamente sensible en la Argentina debido al recuerdo de la última dictadura. Desde estos espacios reclaman garantías para que la participación militar no derive en abusos ni en una afectación de derechos fundamentales.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida como un paso "necesario" para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales. "Es una medida controversial, pero sólo para quienes defienden a narcos y delincuentes", lanzó Petri en declaraciones públicas.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no es nueva, pero hasta ahora había estado más limitada a tareas de apoyo logístico o colaboración puntual con las fuerzas de seguridad. El cambio actual abre un debate sobre los alcances de las leyes vigentes, como la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, y sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles.
Por lo pronto, la puesta en marcha del Operativo Roca deja planteadas preguntas importantes: ¿cuál será el impacto real de este refuerzo en las zonas calientes del norte argentino? ¿Podrá el Gobierno garantizar un respeto estricto a los derechos humanos en el terreno? ¿O esta medida terminará reavivando viejos fantasmas del pasado?
Mientras tanto, en las fronteras ya se percibe el nuevo despliegue de tropas, y la discusión —política y social— promete mantenerse en el centro de la escena.
