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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de trece programas creados por el antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, entre ellos MenstruAR, argumentando un ahorro fiscal superior a los 6.000 millones de pesos anuales. La medida generó rechazo de organizaciones sociales que alertan sobre un retroceso en políticas de género.
Nacionales16/05/2025 Expreso Mendoza
El Gobierno nacional decidió dar de baja trece programas que habían sido impulsados por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante la gestión de Alberto Fernández. Así lo anunció este jueves el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien consideró que se trataba de iniciativas “ideológicas” y “despilfarradoras” que generaban gastos innecesarios para el Estado.
Entre los programas eliminados se encuentra MenstruAR, una política pública lanzada en 2022 con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a insumos de gestión menstrual —como copas y toallitas reutilizables— y promover la educación sexual comunitaria. La medida ha generado controversia, especialmente entre organizaciones sociales y feministas, que ven en esta decisión un retroceso en materia de derechos y equidad.
Cúneo Libarona justificó el recorte con argumentos de eficiencia y ajuste fiscal. Según sostuvo, con la eliminación de estos programas el Estado se ahorrará más de 6.000 millones de pesos por año. “Eran programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos”, expresó el funcionario ante la Cámara de Diputados, y remarcó que en muchos casos se trataba de estructuras sobredimensionadas: “De mil empleados, apenas 70 trabajaban presencialmente; el resto seguía en modo virtual desde la pandemia”.
El programa MenstruAR había sido implementado en 27 municipios del país y, de acuerdo con datos oficiales, permitió la capacitación de más de 1.500 personas y la entrega gratuita de más de 10.000 copas menstruales. Para sus impulsores, se trataba de una herramienta concreta para reducir desigualdades económicas y garantizar derechos básicos en contextos de vulnerabilidad.
Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que las políticas de atención a víctimas de violencia de género continuarán bajo nuevas modalidades y con una estructura más austera. La línea 144, por ejemplo, seguirá funcionando, aunque ya no dependerá de un área específica de género sino del nuevo diseño institucional que el oficialismo está desarrollando en el marco de su plan de “achicamiento del Estado”.
En paralelo, un fallo judicial ordenó al Ejecutivo abstenerse de reducir recursos en áreas clave como la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Fue en respuesta a una presentación de distintas organizaciones sociales que advirtieron sobre los riesgos de desmantelar dispositivos esenciales para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia.
El cierre de estos programas ha vuelto a poner en el centro del debate el rumbo de las políticas públicas vinculadas a género y diversidad. Mientras el Gobierno defiende su decisión como un gesto de racionalidad administrativa, del otro lado se teme por el impacto real que estas medidas puedan tener en miles de personas que, durante los últimos años, encontraron en estas herramientas un respaldo estatal frente a situaciones de desigualdad o violencia.

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