En un nuevo golpe judicial para el gobierno de Javier Milei, la jueza laboral Moira Fullana resolvió declarar la inconstitucionalidad y suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, una medida impulsada por el Ejecutivo que imponía fuertes restricciones al derecho de huelga. El fallo, que se conoció este lunes, responde a una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), y vuelve a poner bajo la lupa el uso de decretos presidenciales para implementar reformas de alto impacto sin debate legislativo.
El decreto, publicado el 21 de mayo en el Boletín Oficial, había modificado sustancialmente el alcance de los llamados servicios esenciales. Salud, educación, transporte y seguridad fueron incluidos en un nuevo esquema que exigía mantener al menos un 75% de su operatividad aún durante medidas de fuerza. Además, se introdujo una categoría inédita: los “servicios de importancia trascendental”, que debían funcionar, como mínimo, al 50%.
Estas disposiciones generaron un inmediato rechazo de parte de los sindicatos, especialistas en derecho laboral y organismos internacionales, que advirtieron que el decreto atentaba contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
La jueza Fullana, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 41, fue categórica en su resolución: consideró que no existía una verdadera situación de necesidad y urgencia que justificara la omisión del Congreso en el tratamiento de esta reforma. Señaló, además, que el Poder Legislativo se encontraba en sesiones ordinarias al momento de dictarse el DNU, lo que tornaba ilegítima la vía elegida por el Ejecutivo.
En su fallo, advirtió que la norma afectaba derechos vinculados a la libertad sindical y la negociación colectiva, y alertó que su implementación podía provocar un daño irreparable a los trabajadores. Por ese motivo, dictó una medida cautelar que deja sin efecto la aplicación del decreto mientras se resuelve el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.
Desde el gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó responder directamente al fallo, aunque ratificó la intención del Ejecutivo de avanzar con las reformas necesarias para, según sus palabras, “desmantelar el modelo sindical corporativo que ha impedido el desarrollo del país”.
Esta decisión judicial se suma a otros frenos que viene recibiendo la estrategia de reformas por decreto del oficialismo. En marzo, otro juez laboral suspendió varios artículos del DNU 70/2023, que incluía cambios profundos en la legislación laboral. Esa decisión fue luego confirmada por la Cámara Nacional del Trabajo y actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema.
La resolución de Fullana vuelve a tensar la ya conflictiva relación entre el gobierno nacional y el movimiento sindical, en un contexto en el que las protestas y movilizaciones se han convertido en una constante desde que Milei asumió la presidencia. Para muchos, el fallo representa no sólo un freno legal, sino también un límite institucional al avance de reformas que, por su impacto, deberían ser discutidas en el Congreso y no impuestas por decreto.
Mientras tanto, la CGT y otros gremios celebraron la medida judicial como una victoria en defensa de los derechos laborales, y anticiparon que continuarán resistiendo cualquier intento del gobierno de avanzar sin consenso. En ese marco, se espera que las tensiones entre el Ejecutivo y el sindicalismo organizado sigan escalando, con nuevos capítulos en los tribunales y, posiblemente, en las calles.
