El sábado 7 de junio, el dirigente social Juan Grabois fue detenido tras liderar la ocupación del edificio del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. La toma del inmueble, que funcionaba como un centro de estudios cerrado recientemente por el Gobierno nacional, generó un operativo policial que terminó con la detención de Grabois y varios militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Según informó la Policía Federal, durante el intento de desalojo los efectivos presentes fueron retenidos dentro del edificio, lo que motivó una respuesta con el uso de la fuerza. Cuatro policías quedaron privados de su libertad durante el incidente, un hecho que desde el Ministerio de Seguridad se resaltó como justificativo para el operativo. Grabois fue detenido y trasladado a la Comisaría de Villa Riachuelo, donde permaneció aproximadamente doce horas antes de ser liberado en las primeras horas del domingo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad y defendió la detención del dirigente social como parte de una política de Estado para evitar usurpaciones ilegales. En declaraciones radiales, Bullrich fue enfática al señalar que el Gobierno envía un mensaje claro: “Con nosotros no se jode. El que las hace, las paga”. Afirmó además que esta medida no tiene un objetivo personal contra Grabois, sino que es una advertencia para todos aquellos que intenten ocupar ilegalmente espacios públicos.
El presidente Javier Milei también se expresó sobre el episodio a través de sus redes sociales, celebrando la detención y apoyando la decisión gubernamental. Por su parte, Grabois denunció que fue sometido a condiciones precarias durante su detención y cuestionó la falta de una orden judicial que avalara el desalojo. Tras su liberación, el dirigente criticó duramente el estado de las comisarías y prometió que, de llegar al poder, trabajará para mejorar la situación institucional.
El episodio generó además un debate político intenso. Desde sectores del oficialismo, se defendió el accionar policial y se resaltó la importancia de mantener el orden y hacer cumplir la ley, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca dar un giro en el manejo de ocupaciones y usurpaciones que, según sus autoridades, durante años fueron toleradas o demoraron en resolverse.
Por otro lado, la oposición y referentes del peronismo cuestionaron la detención sin orden judicial y denunciaron un uso político del caso. Varias figuras políticas y sociales convocaron a manifestaciones de apoyo a Grabois y criticaron lo que calificaron como una criminalización de la protesta social.
En cuanto al instituto, el Gobierno explicó que su cierre forma parte de un plan de ajuste y reestructuración de entidades estatales. El espacio será transformado en una biblioteca para personas con discapacidad, mientras que el café ubicado en el mismo inmueble se destinará a actividades para jóvenes neurodivergentes.
En definitiva, el caso de Juan Grabois puso sobre la mesa tensiones históricas en la política argentina relacionadas con la gestión de espacios públicos, la memoria histórica y la aplicación de la ley frente a movimientos sociales. El Gobierno busca mostrar firmeza frente a las usurpaciones y dejar claro que la ocupación ilegal de edificios estatales no será tolerada, mientras que la oposición advierte sobre posibles abusos y la criminalización de la protesta social.
El episodio seguirá siendo objeto de seguimiento, tanto por las repercusiones políticas como por su impacto en el escenario social, en un país donde estas tensiones están lejos de resolverse.
