Tras una extensa gira internacional que incluyó visitas a Europa e Israel, el presidente Javier Milei regresa al país con una agenda cargada y definida: firmar una serie de decretos clave antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas por la Ley Bases. Con ese plazo como límite, el Gobierno se apura para avanzar con reformas profundas sin la necesidad de pasar por el Congreso, un recurso que dejará de estar disponible en menos de un mes.
En Casa Rosada ya se encuentran redactados al menos trece decretos que apuntan a una reorganización sustancial del Estado nacional. Según trascendió en medios como Infobae e iProfesional, las medidas contemplan recortes en el gasto público, cierre o fusión de organismos estatales y una mayor concentración de funciones dentro del Poder Ejecutivo. Entre los organismos alcanzados por esta batería de decretos están el INTA, el Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer.
Uno de los casos más sensibles es el del INTA, donde se anticipan despidos, venta de inmuebles y cambios en la estructura interna del organismo. En paralelo, también se revisarán funciones de otros entes estratégicos vinculados a la salud, el control sanitario y la regulación aérea.
Las reformas no se limitan a lo estructural. También se avanza en una política de reducción del personal estatal y congelamiento salarial. De acuerdo a cifras oficiales, la planta de empleados públicos ya se redujo de 322.000 a 292.000 en el último año. Los salarios de altos funcionarios siguen sin actualizaciones desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas contratados por el Estado reclaman una recomposición que no se concreta desde octubre pasado.
El regreso de Milei se da en un contexto político complejo. Si bien el oficialismo ha cosechado algunos triunfos electorales recientes y mantiene una porción de respaldo popular —especialmente en sectores que valoran la baja de la inflación y el discurso de austeridad—, también enfrenta resistencia por parte de gremios y organizaciones sociales. En abril, la Justicia suspendió parcialmente un DNU que limitaba el derecho a huelga, advirtiendo que el Ejecutivo no puede modificar por decreto derechos fundamentales sin pasar por el Congreso.
Con este panorama, el Gobierno se enfrenta a un doble desafío: firmar y aplicar los decretos antes de que pierdan vigencia las facultades extraordinarias, y lograr que esas medidas resistan eventuales objeciones judiciales o políticas. A eso se suma la incertidumbre sobre el rol que tendrá Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, una vez que el Ejecutivo quede sin herramientas excepcionales para avanzar con desregulaciones normativas.
Los próximos días serán clave. El Gobierno se encuentra en una carrera contra el tiempo, con un margen político acotado y la mirada puesta en cómo se reconfigura el tablero institucional una vez que los decretos entren en vigor o, en su defecto, sean frenados. Mientras tanto, Milei apuesta a cerrar esta etapa con un avance decidido sobre el aparato estatal, en línea con su promesa de campaña de reducir el peso del Estado y transformar la administración pública desde sus bases.
