La ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada como Ley 27.793, fue finalmente promulgada este lunes mediante el Decreto 681/2025, tras el rechazo del veto presidencial por mayorías en ambas cámaras del Congreso.
El texto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable un año más, y contempla medidas como: creación de una nueva pensión no contributiva por discapacidad para protección social; actualización de aranceles para prestadores del sistema; atención médica integral para quienes la ley lo exige; y protección social para personas con discapacidad que residen en zonas desfavorables económicamente.
El problema central es que la implementación quedó suspendida hasta que el Congreso apruebe las fuentes de financiamiento pertinentes e incluya las partidas necesarias en el presupuesto nacional. El Ejecutivo justificó la suspensión aduciendo un fuerte impacto fiscal.
Las estimaciones oficiales calculan que sólo el costo de la nueva pensión representará alrededor de $2,166,985,900,000 para lo que resta de 2025 (aproximadamente el 0,26 % del PBI), y más de $4,706,628,500,000 para 2026 (0,47 % del PBI).
Mientras tanto, el Estado adelantará algunos ajustes: se readecuarán fondos para la actualización de aranceles desde el 1° de octubre, aunque sin la ley plena en funcionamiento.
Organizaciones sociales señalan que esta suspensión mantiene la incertidumbre para miles de personas con discapacidad, que reclaman pensiones, prestaciones asistenciales y mejoras estructurales urgentes. También advierten que aunque la ley declare emergencia, sin presupuesto no hay cambios reales. Juristas consultados recuerdan que cualquier obra de asistencia social sustentable requiere financiamiento claro y permanente, no promesas.
En definitiva, es un paso institucional importante: la sanción de la norma, la promulgación legal, el rechazo del veto, pero todavía hay un largo tramo para transformar la ley en alivio real.
