El Gobierno impulsa la destitución del juez Sarmiento por fallos polémicos y beneficios a presos

El juez Sebastián Sarmiento está en el centro de una tormenta política y judicial que sacude a Mendoza. Su figura quedó fuertemente cuestionada por el Ejecutivo provincial, que evalúa enviarlo a un jury de enjuiciamiento. La gota que rebalsó el vaso fue su decisión de suspender de manera temporal el retiro de celulares a los presos de los penales de San Felipe y Boulogne Sur Mer, aunque no se trata del único antecedente que le reprochan.

El Gobierno provincial entiende que hay motivos suficientes para que el magistrado deje de ocupar el Juzgado de Ejecución Penal. La medida cautelar que frenó la quita de teléfonos, impulsada a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por internos, generó malestar en el Ministerio de Seguridad, que viene alertando sobre los peligros de permitir dispositivos móviles en las cárceles: organización de delitos, amenazas a testigos, extorsiones y maniobras delictivas desde la reclusión.

Sarmiento se defendió. Dijo que, desde el fin de la pandemia, la posibilidad de usar celulares debía ser revocada, pero aclaró que eso sólo era posible si se instalaban terminales telefónicas que garantizaran el derecho a la comunicación familiar. Según el magistrado, el Gobierno no cumplió con esa exigencia y por eso decidió frenar la medida. Pero en Casa de Gobierno la decisión cayó como un baldazo de agua fría.

El Ejecutivo, sin embargo, ya venía acumulando reparos contra Sarmiento desde antes. Uno de los episodios más graves ocurrió en 2023, cuando el juez otorgó la libertad condicional a Roberto Pereyra, condenado por homicidio en ocasión de robo. Meses después, Pereyra mató al ex policía Héctor Pelayes durante un intento de asalto en su casa de Guaymallén.

La decisión de liberar a Pereyra fue en contra de lo que establece el artículo 14 del Código Penal, que prohíbe conceder la libertad condicional a quienes fueron condenados por ese tipo de homicidio. A pesar de eso, Sarmiento declaró inconstitucional esa norma y dio curso al beneficio. Para el Gobierno, se trató de un error grave. Más aún porque el Servicio Penitenciario había advertido que el interno representaba un alto riesgo de reincidencia.

Pero no es el único caso. En 2017, Sarmiento otorgó la libertad condicional a Cristian Reina Flores, condenado a 12 años por robo agravado. Lo hizo a pesar de tres informes negativos, entre ellos los del Consejo Correccional y el Ministerio Público Fiscal. En 2019, Reina Flores volvió a delinquir: participó en un robo en Maipú donde fue asesinado el comerciante Héctor Quiroga. El delincuente terminó recibiendo una condena a prisión perpetua por homicidio criminis causa.

El último episodio, quizás menos dramático pero igual de polémico, tiene como protagonista a un influencer conocido como Luisito 420. Luis Fernando Arce, su nombre real, fue detenido por conducir una moto robada mientras realizaba maniobras peligrosas que difundía en redes sociales. Fue imputado por encubrimiento y conducción temeraria. Sin embargo, Sarmiento le otorgó la suspensión del juicio a prueba por un año. En los hechos, el joven evitará el juicio y una eventual condena si cumple con ciertos requisitos. El Ministerio de Seguridad no lo vio con buenos ojos, ya que Arce es parte de un colectivo de motociclistas que protagoniza frecuentes infracciones en las calles de Mendoza.

Con estos antecedentes, el Gobierno cree tener argumentos sólidos para pedir la destitución del magistrado. El gobernador Alfredo Cornejo fue directo: "El juez no cumplió la ley", dijo, al referirse al caso del ex policía asesinado. Y añadió: "Esos errores judiciales a veces se pagan con la vida de una persona".

El jury todavía no se ha formalizado, pero la maquinaria política parece estar en marcha. Mientras tanto, el juez Sarmiento se mantiene en su cargo y defiende sus decisiones, amparado en criterios técnicos y legales que —a sus ojos— son válidos. Del otro lado, el Ejecutivo parece dispuesto a llegar hasta el final.

El desenlace de este conflicto puede marcar un precedente importante no sólo en Mendoza, sino también en el debate más amplio sobre el rol del Poder Judicial frente a las demandas de seguridad y justicia por parte de la sociedad.