Jubilados sin traumatólogos: el conflicto que expone el colapso silencioso del PAMI

Lo que comenzó como un reclamo sectorial se ha convertido en un síntoma claro del deterioro profundo del sistema de salud que sostiene el PAMI en Mendoza. La falta de respuesta, la rigidez del modelo de financiamiento y la desconexión con la realidad que viven tanto profesionales como pacientes han expuesto, una vez más, una obra social que parece más preocupada por administrar papeles que por garantizar derechos.

Médicos hartos, clínicas asfixiadas
Los médicos traumatólogos dejaron de operar. Denuncian que el sistema de pago por cápita, vigente en PAMI, es injusto, arbitrario y completamente desactualizado. Mientras la obra social gira entre $12.000 y $15.000 por afiliado a las clínicas, a los especialistas les terminan pagando entre $5.000 y $7.000 por consulta o intervención. Un valor irrisorio si se tiene en cuenta el nivel de complejidad de una cirugía y el costo de los insumos.

Los profesionales reclaman un cambio urgente: que se les pague por práctica, como ocurre en otros esquemas, y que se fije un valor único, porque hoy cada clínica decide cuánto y cuándo pagar, sin criterios claros. Hasta ahora, ni una señal concreta desde PAMI.

Del lado de las clínicas, el panorama no es mejor. La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) advierte que el sistema no resiste más. Denuncian aumentos de hasta el 5.000% en insumos médicos en el último año, sueldos cada vez más difíciles de cubrir y demoras de hasta seis meses para cobrar de las obras sociales. Muchos ya están financiando de su bolsillo las prácticas urgentes, otros comenzaron a derivar pacientes a hospitales públicos.

El PAMI: una gestión ausente
En este escenario crítico, la ausencia de respuestas por parte del PAMI es casi tan alarmante como el conflicto en sí mismo. El responsable del organismo en Mendoza, Marcelo Álvarez, rompió el silencio sólo para echar culpas: aseguró que los pagos están al día y atribuyó los problemas a fallas de “capacitación” en el uso del nuevo sistema informático. Una explicación tan superficial como insultante para quienes llevan años intentando sostener la atención con recursos cada vez más escasos.

La realidad es que el PAMI parece más enfocado en maquillar estadísticas que en responder a una crisis que golpea de lleno a su población más vulnerable. A esta altura, ya no alcanza con decir que “los pagos están al día” cuando lo que se discute es un modelo que no contempla ni la inflación, ni la estructura de costos del sector, ni el valor del trabajo profesional.

Afiliados atrapados en la burocracia
Mientras las partes discuten, son los jubilados los que quedan en el peor lugar: a la espera de una cirugía que no llega, lidiando con trámites engorrosos, estudios que vencen, papeleríos interminables y turnos que se cancelan sin explicación. La postal es la de siempre: adultos mayores con dolores crónicos, con lesiones graves, esperando por una operación que el sistema no les garantiza.

Los médicos fueron tajantes: “La lupa debe ponerse sobre PAMI”. Y tienen razón. Porque más allá de las tensiones con las clínicas o las exigencias de los profesionales, el problema de fondo es una obra social que no escucha, no actualiza valores, no reconoce los cambios del sistema y, peor aún, no parece tener ninguna urgencia por resolver el problema.

¿Hasta cuándo?
El conflicto ya superó las tres semanas. No hay solución a la vista. No hay mesa de negociación firme. No hay anuncios. Sólo una enorme pasividad por parte del organismo que debería velar por el bienestar de los adultos mayores del país.

El sistema está colapsando. Y si nadie en PAMI se hace cargo, los jubilados seguirán pagando las consecuencias con su salud y su dignidad.