La Ley de Herencia Vacante impulsa mejoras en las escuelas de Mendoza

Hace exactamente un año, la Legislatura de Mendoza aprobaba una ley que pasaba casi desapercibida para la mayoría de la población, pero que hoy empieza a mostrar sus frutos de manera concreta: la Ley de Herencia Vacante. Detrás de ese título técnico y algo frío se esconde una de las herramientas más novedosas y eficaces que ha tenido el Estado provincial en los últimos tiempos para reforzar algo tan básico como urgente: la infraestructura escolar.

Desde que entró en vigencia, la norma permitió que la Dirección General de Escuelas (DGE) subastara cinco propiedades sin herederos y que avanzara en el proceso para rematar otras cuatro. Lo recaudado hasta el momento supera los 400 millones de pesos, dinero que no fue a parar a ninguna caja general ni se diluyó en gastos administrativos: se invierte de manera directa en el mantenimiento y mejoramiento de los edificios escolares de la provincia.

Mendoza se convirtió así en una de las pocas jurisdicciones del país que implementó un sistema 100% digital para este tipo de remates. Cualquier persona puede acceder al portal oficial, participar de las subastas e incluso colaborar activamente en la detección de inmuebles que podrían entrar en este régimen. Porque otra de las novedades que trajo la ley es que cualquier ciudadano puede denunciar la existencia de una propiedad vacante —es decir, sin herederos conocidos— y, si se confirma la situación, recibir un porcentaje del monto que se obtenga en la subasta. Ese incentivo llega hasta el 15% del total recaudado, lo que convierte a esta ley no solo en una política de gestión estatal, sino también en una invitación a la participación comunitaria.

Más allá de las cifras y los procesos administrativos, lo interesante es ver cómo una normativa pensada para resolver un problema patrimonial —qué hacer con los bienes de personas fallecidas sin herederos— se convierte en una fuente real de recursos para mejorar las condiciones de estudio de miles de alumnos. Solo en 2024, la DGE invirtió más de 19 mil millones de pesos en infraestructura educativa, con intervenciones en más de 1.100 edificios. Y si bien los fondos provenientes de las herencias vacantes no son el grueso de ese presupuesto, funcionan como un complemento estratégico para avanzar en obras que, de otro modo, quizás hubieran seguido en espera.

Hoy hay 40 propiedades más en proceso de ser evaluadas para su eventual subasta. El mecanismo ya está aceitado, y la experiencia demuestra que funciona. Lo que empezó como una iniciativa legislativa de bajo perfil, se convirtió en un engranaje clave de una política pública concreta, visible y, sobre todo, útil. En tiempos donde las urgencias presupuestarias suelen dejar a la educación en un lugar incómodo, Mendoza encontró una manera inteligente de convertir lo que antes era abandono en oportunidad. Y eso, a fin de cuentas, también es una forma de justicia.