Millonarias sanciones por corrupción en Las Heras afectan a Orozco, Ortiz y exfuncionarios

El Tribunal de Cuentas de Mendoza dictó un fallo contundente que sacudió el tablero político de la provincia: impuso sanciones por más de 3,3 millones de pesos y cargos solidarios por más de 78 millones contra el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, su esposa Janina Ortiz —exsecretaria de Gobierno y actual diputada suspendida de La Unión Mendocina— y otros seis funcionarios de su gestión. La resolución, unánime, pone el foco en irregularidades detectadas en el ejercicio municipal del año 2023, con especial énfasis en un programa de asistencia alimentaria y en contrataciones a cooperativas que, según los auditores, resultaron ser fantasmas.

El documento oficial detalla que, entre otras anomalías, se hallaron serias inconsistencias en la entrega de bolsones de carne subsidiados. La Municipalidad no pudo demostrar, con documentación válida, que esos alimentos efectivamente llegaron a los vecinos. “Las situaciones mencionadas harían presumir la falta de veracidad de la operatoria”, advierte el dictamen, que se extiende a lo largo de más de 100 páginas.

Pero la lupa más severa se posó sobre el escandaloso caso de las cooperativas. Según el informe, la Cooperativa Manos a la Obra fue beneficiada con millonarios pagos municipales pese a que presentaba múltiples irregularidades: planillas sin firmas ni horarios, personas no asociadas que prestaban servicios y funcionarios que participaron simultáneamente del control y la adjudicación de fondos, incurriendo en incompatibilidades administrativas.

En este punto, las sanciones fueron especialmente graves. Janina Ortiz y el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart deberán devolver más de 36 millones de pesos en concepto de cargos solidarios, por haber autorizado pagos injustificados. Además, ambos ya enfrentan una causa penal por peculado en la justicia ordinaria por el manejo de estas cooperativas “truchas”, como las describieron algunos legisladores. A eso se suma una multa personal de 1,6 millones para Ortiz y 1,5 millones para Oyhenart.

El golpe más fuerte, sin embargo, recayó sobre Ortiz, a quien el Tribunal le atribuyó un cargo adicional de más de 78 millones de pesos. En total, deberá rendir cuentas por más de 114 millones. Su esposo, el exintendente Daniel Orozco, tampoco salió bien parado: fue multado con 13,4 millones de pesos y declarado responsable por “daño al Estado”. El fallo también señala a otros funcionarios de su entorno, como el exsecretario de Hacienda Carlos Nofal, el exdirector de Contaduría Leandro Tassi y la extitular de Tesorería, Patricia Díaz, quienes fueron sancionados con distintas sumas.

Tanto Orozco como Ortiz han rechazado públicamente las sanciones y ya anticiparon que presentarán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para intentar revertir la decisión. De todas formas, el fallo del Tribunal no deja demasiados grises: considera probado que hubo un manejo negligente e incluso fraudulento de fondos públicos destinados, en teoría, a los sectores más vulnerables del departamento.

En medio de la conmoción política y judicial, el caso se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema de control de los recursos públicos en Mendoza. Y también en un espejo incómodo para la dirigencia: lo que comenzó como una política social para atender la emergencia terminó convertido en un entramado de contrataciones opacas, documentos sin respaldo y millones que, al parecer, nadie sabe dónde están.