El 43% de los trabajadores argentinos es informal: casi 100.000 se sumaron en un año

Cuatro de cada diez argentinos que trabajan lo hacen sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin los derechos básicos que otorga el empleo registrado. Es el retrato que dejó el último informe del INDEC sobre el mercado laboral, y la fotografía no mejoró con el paso de los meses.

Según la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al cuarto trimestre de 2025, sobre un total de 13,5 millones de personas ocupadas relevadas en 31 aglomerados urbanos del país, 5,8 millones trabajan en condiciones de informalidad. Eso representa el 43% de la fuerza laboral activa.

La comparación interanual muestra que el problema lejos de ceder avanza: un año antes, en el mismo período de 2024, la tasa era del 42% y el número de trabajadores informales alcanzaba los 5,7 millones. En doce meses se sumaron aproximadamente 100.000 personas más al universo del empleo no registrado.

Lo que preocupa aún más que el número puntual es la tendencia a lo largo del año. La tasa de informalidad arrancó 2025 en el 42%, subió al 43,2% en el segundo trimestre y llegó al 43,3% en el tercero, su punto más alto del año. Si bien cerró en el 43%, en ningún momento del año mostró una señal clara de descenso.

Trabajar en negro en Argentina implica quedar por fuera de un conjunto de derechos fundamentales: sin aportes que acrediten antigüedad para una futura jubilación, sin cobertura médica para el trabajador y su grupo familiar, sin acceso a asignaciones familiares, sin protección ante un accidente laboral y sin indemnización en caso de despido. Es una situación de alta vulnerabilidad que se replica en millones de hogares.

El Gobierno nacional promulgó en marzo la Ley de Modernización Laboral, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La norma, aprobada en el Senado el 27 de febrero, tiene entre sus ejes centrales atacar precisamente esta problemática.

La nueva legislación crea el Programa de Promoción del Empleo Registrado, que ofrece a los empleadores un mecanismo de blanqueo laboral con condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen trabajadores no registrados. También establece el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y agrega beneficios adicionales para quienes contraten personal que haya estado previamente en la informalidad.

La lógica detrás de estos incentivos es clara: una parte significativa del trabajo en negro responde al costo que representa para un empleador registrar a alguien. Cuando la formalidad es cara, muchos optan por evitarla. Reducir ese costo es la apuesta del Ejecutivo para mover el amperímetro en los próximos trimestres.

Para Mendoza, el fenómeno tiene aristas particulares. La provincia combina sectores de alta informalidad —como la recolección de cosecha vitivinícola, la construcción, el trabajo doméstico y el comercio minorista— con otros de empleo más formal. La estacionalidad de algunas actividades rurales, sumada a la presencia de trabajadores migrantes en ciertos períodos del año, hace que los números provinciales suelan moverse por encima del promedio nacional en determinados trimestres.

Los datos del INDEC no discriminan por provincia en este informe, pero la realidad del mercado laboral mendocino no está ajena a la tendencia nacional. La informalidad es un lastre que erosiona la recaudación previsional, debilita el sistema de salud y condena a quienes la padecen a una vida laboral sin red de contención.

Si los instrumentos de la reforma laboral funcionan como el Gobierno anticipa, las estadísticas del INDEC deberían comenzar a mostrar una mejora en los próximos trimestres. Por ahora, los números hablan por sí solos: casi la mitad del mercado laboral argentino todavía opera por fuera de las reglas formales, y cada año que pasa se suma un nuevo contingente al pelotón de los que trabajan sin derechos.