Coparticipación en caída: Nación y provincias buscan salida a través del REOR para ordenar deudas cruzadas

La relación fiscal entre la Nación y las provincias atraviesa un deterioro real que los números confirman con crudeza: en los últimos doce meses acumulados, las transferencias nacionales totales —incluyendo coparticipación— habrían caído un 3,2% en términos reales interanuales, según el último informe del economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Para Mendoza, ese deterioro ya tiene cifras propias: la provincia perdió un 7,1% de coparticipación en términos reales durante el primer trimestre de 2026.

En ese contexto de recursos a la baja, tanto el Gobierno nacional como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires buscan ordenar sus deudas cruzadas mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado por el Decreto 969/2024 y ampliado en su plazo de adhesión hasta diciembre de 2027. El mecanismo permite compensar, conciliar o cancelar deudas entre el Estado nacional y los estados subnacionales, reduciendo litigios y ordenando las cuentas públicas.

La Ciudad de Buenos Aires está próxima a adherirse al esquema, lo que sumaría al actor 19 del REOR —luego de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y otros—. Sin embargo, la adhesión de CABA al REOR no resolverá su deuda más profunda con la Nación: los aproximadamente USD 6.000 millones que el gobierno de Alberto Fernández le quitó en coparticipación en septiembre de 2020, ni los más de 700.000 millones de pesos que la gestión actual le adeuda desde julio del año pasado. Para incluir esas deudas en el REOR, CABA debería desistir del juicio de fondo abierto en la Corte Suprema, algo que la administración de Jorge Macri no está dispuesta a hacer.

El problema de fondo, sin embargo, está en la recaudación. El IVA y Ganancias explican el 52% de la recaudación tributaria nacional y el 94% de la coparticipable. Y los números de lo que ya ocurrió en el primer trimestre de 2026 anticipan que los objetivos presupuestarios están fuera de alcance.

Para que la recaudación conjunta de IVA y Ganancias termine el año al mismo nivel real que 2025, el crecimiento necesario en los nueve meses restantes (abril a diciembre) sería del 2,5%, con IVA requiriendo un 3,4% real. Un desafío descrito como "muy exigente". Si en cambio se quisiera cumplir con las metas de la ley de presupuesto 2026, que implican un crecimiento del 4% real en IVA y 9,5% en Ganancias, habría que crecer un 8,8% y un 13,3% respectivamente en los nueve meses que quedan del año: objetivos ya considerados inviables.

La conclusión del IARAF es directa: cualquier provincia que aumente su gasto nominal por encima de la inflación esperada tendrá, con certeza, un deterioro fiscal respecto a 2025. El contexto en el que operan los acuerdos del REOR no es el de un escenario de crecimiento, sino el de una situación donde los recursos son escasos y las deudas cruzadas acumuladas son reales y complejas.