En medio del creciente escándalo por abusos sexuales cometidos por religiosos en Jujuy, un nuevo caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones eclesiásticas y la necesidad de justicia para las víctimas. Esta vez, el protagonista es Atilio Luis Bruno, un sacerdote de 56 años que hasta hace pocas semanas se desempeñaba como párroco de la iglesia "Nuestra Señora de Nieva", en el tradicional barrio Ciudad de Nieva, en la capital provincial.
Bruno fue detenido el pasado 11 de abril tras una serie de allanamientos realizados por orden de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que encabeza la fiscal María Emilia Curten Haquim. La investigación se inició a raíz de una denuncia por abuso sexual y, con el correr de los días, fue cobrando fuerza y gravedad: la fiscal imputó al cura por cinco hechos distintos de abuso sexual, uno de ellos simple y los otros cuatro con acceso carnal, todos agravados por su condición de miembro de un culto religioso.
La víctima es una mujer de nacionalidad chilena que, según relataron fuentes cercanas a la causa, habría sido acogida por el sacerdote bajo el pretexto de brindarle ayuda y contención espiritual. En ese contexto, y aprovechando su investidura y posición de poder dentro de la comunidad religiosa, Bruno habría cometido los abusos durante el año 2023. La denuncia inicial fue luego ampliada a pedido del Ministerio Público Fiscal, lo que dio lugar a la detención del acusado y al secuestro de material probatorio en uno de los domicilios que frecuentaba, ubicado en la localidad de Lozano.
En estos momentos, Bruno se encuentra alojado en una dependencia policial y deberá cumplir con una prisión preventiva de 40 días mientras avanza la investigación. Su defensa ya fue formalizada, aunque hasta ahora no se ha conocido públicamente ninguna declaración de su parte.
La detención del sacerdote se da en un contexto particularmente sensible para la Iglesia jujeña, que en los últimos años ha visto multiplicarse los casos de abuso sexual dentro de sus filas. En mayo del año pasado, otro cura —Ricardo "Cocó" Quiroga— fue condenado a 15 años de prisión por violar a una niña de 10 años en El Carmen. En ese mismo juicio, una mujer identificada como María Cielo Regazzoni fue sentenciada a 10 años de cárcel como partícipe necesaria del crimen.
También en 2020, el pastor boliviano Saúl Ichu Guaseve fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, en San Pedro de Jujuy.
Estos antecedentes recientes y la conmoción generada por el caso de Bruno vuelven a instalar un debate profundo sobre el accionar de la Iglesia frente a los casos de abuso sexual. Desde el Obispado de Jujuy aseguraron estar colaborando con la Justicia y anunciaron la apertura de un proceso canónico interno para investigar al sacerdote detenido. Sin embargo, en la comunidad hay un fuerte reclamo por medidas más contundentes y transparentes.
Mientras tanto, las víctimas siguen luchando por ser escuchadas y por obtener reparación en un sistema que, muchas veces, parece proteger más a los victimarios que a quienes han sufrido en silencio. El caso de Atilio Luis Bruno es, lamentablemente, otro capítulo en una historia que se repite y que duele.
