Un cambio estructural se está cocinando en el despacho educativo del país. El Gobierno nacional presentó un borrador con el nombre de “Ley de Libertad Educativa” que pretende derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (vigente desde 2006).
El proyecto plantea que la enseñanza básica (inicial, primaria y secundaria) sea más flexible: habilita la educación en el hogar (‘home-schooling’), la modalidad híbrida y la enseñanza a distancia. Las provincias podrán además diseñar contenidos propios, siempre con un núcleo mínimo común.
La filosofía inspira un cambio de eje: la familia como agente primario de la educación, el Estado pasa a un papel más subsidiario, y se refuerza el principio de libertad de enseñanza.
Para Mendoza esto viene con doble lectura: por un lado la posibilidad de mayor autonomía para las escuelas; por otro, la inquietud de que el respaldo estatal se debilite y mayor protagonismo de lo privado.
El borrador también introduce que la educación religiosa confesional sea optativa en escuelas públicas y fuera del horario escolar; y que las horas mínimas por ciclo se reorganicen (por ejemplo, 720 horas para secundaria).
El presupuesto educativo también sufre cambios: desaparece la meta del 6% del PBI fijada por la ley actual y se reemplaza por un sistema donde se financia según “aporte, capacidad e innovación”.
Docentes y gremios ya avisaron que no la recibirán de brazos cruzados: “No se trata solo de un cambio de ley, sino de un cambio de dirección”, dicen. Desde Mendoza la UNT y colegios técnicos ya piensan cómo les pega esto.
El Gobierno sostuvo que el objetivo es “abrir el sistema a la competencia, la diferencia y la elección”, y que el cambio legal es un paso hacia “más oportunidades, menos monopolios educativos”.
Promulgar la ley requerirá mayoría en ambas cámaras. Se espera que el anuncio formal llegue antes de fin de año.
