La inflación no da tregua en Mendoza y los gremios estatales ya encendieron las alarmas. Apenas se conoció el índice de precios de marzo —un 3,1% que lleva el acumulado anual al 6,7%—, AMPROS y ATE salieron al cruce del Gobierno de Alfredo Cornejo con un pedido claro y directo: reabrir las paritarias para actualizar los salarios. Según denunciaron, el acuerdo sellado semanas atrás ya quedó desfasado frente a la escalada de precios y la pérdida sostenida del poder adquisitivo.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) fue una de las primeras en alzar la voz. Aunque firmaron un incremento salarial del 14% escalonado para el primer semestre del año, su secretaria general, Claudia Iturbe, advirtió que el escenario económico cambió drásticamente en poco tiempo. “Es imprescindible revisar las condiciones salariales y laborales vigentes. La inflación y el aumento de la canasta básica nos colocan en una situación de urgencia”, expresó. Además, reclamó con énfasis la actualización del Régimen 38, que regula las condiciones de trabajo del sector sanitario, calificándolo como “clave para garantizar derechos justos y equitativos”.
El acuerdo alcanzado por AMPROS preveía una suba del 7% en marzo, seguida de cuotas menores hasta junio. Sin embargo, con una inflación nacional del 3,7% en marzo —la más alta desde agosto pasado— y el fuerte impacto en rubros esenciales como educación y alimentos, desde el gremio consideran que la recomposición ya quedó corta.
Del otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tampoco se quedó callada. Con un esquema similar de aumentos, el sindicato que conduce Roberto Macho alertó que los salarios ya están por debajo de la inflación. “No alcanza con adelantar cuotas, lo que se necesita es un nuevo aumento real que esté en línea con lo que está pasando en la calle”, reclamó el dirigente, quien además planteó que las condiciones laborales también deben entrar en discusión: recategorizaciones, pases a planta y el cumplimiento de promesas anteriores.
Ambos gremios coincidieron en que la cláusula de revisión incluida en los acuerdos de marzo habilita justamente este tipo de replanteos, en caso de que las variables económicas se desmadren. Y según su interpretación, ese momento llegó.
En este contexto, el Gobierno de Mendoza se encuentra nuevamente bajo presión para volver a la mesa de negociación. Aunque Cornejo había logrado cerrar acuerdos con la mayoría de los sectores estatales —incluidos el SUTE, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Vialidad, y otros—, el descontento se reaviva en medio de un escenario inflacionario incierto y una caída en la recaudación que complejiza el panorama financiero provincial.
Por ahora, los empleados judiciales siguen siendo el único gremio que no cerró trato con el Ejecutivo y mantiene su negociación abierta. Sin embargo, la ofensiva de AMPROS y ATE podría volver a agitar las aguas entre el resto de los trabajadores estatales, que también comienzan a sentir el peso de una inflación que no afloja.
La tensión está en el aire, y las próximas semanas serán decisivas para saber si el Gobierno escucha el reclamo o si los gremios endurecen su postura con medidas de fuerza. Lo que está claro es que el bolsillo aprieta, y los estatales no están dispuestos a esperar sin respuestas.
