El caso Caroglio avanza entre promesas de reparación económica y el rechazo de las víctimas

El escándalo conocido como el "caso Caroglio" sigue sumando capítulos mientras la Justicia de Mendoza intenta destrabar una de las causas más complejas de los últimos años, marcada por promesas de inversiones fabulosas, cientos de víctimas y una cifra millonaria aún difícil de dimensionar. En las últimas horas, los abogados defensores de los principales imputados —los hermanos Caroglio y algunos de sus socios— presentaron una propuesta para reparar económicamente a los damnificados. Sin embargo, el ofrecimiento está lejos de calmar las aguas.

La propuesta gira en torno a un acuerdo parcial en el marco del llamado “principio de oportunidad”, una figura legal que permite suspender procesos penales cuando las partes logran ciertos consensos, usualmente cuando hay reparación del daño. La defensa puso sobre la mesa una cifra que oscilaría entre los 500 mil y 650 mil dólares, a cubrirse con la entrega de dos bienes: una finca de Daniel Caroglio, padre de los jóvenes empresarios acusados, y una vivienda que aportaría Hans Dieter Breuer Vargas, otro de los investigados. Ambos inmuebles todavía deben ser tasados para saber con exactitud si su valor alcanza lo prometido.

El mecanismo sería relativamente simple: se distribuiría el dinero entre las víctimas en proporción al dinero invertido, de forma tal que cada una reciba la mitad de lo que aportó. Es decir, si alguien puso 10 mil dólares, recuperaría 5 mil. El problema es que, según fuentes vinculadas a la causa, las denuncias ya superarían los 4 millones de dólares, por lo que lo ofrecido representa apenas una parte menor del perjuicio total.

No sorprende entonces que las víctimas, representadas por sus abogados querellantes, hayan manifestado su rechazo. Para ellos, aceptar la mitad del dinero y asumir la larga espera que implica la venta de propiedades —sin garantía del monto final— no representa una reparación real ni justa. Alegan que la propuesta solo favorece a los imputados, que podrían obtener beneficios procesales sin haber cumplido completamente con sus responsabilidades económicas.

Este intento de acuerdo remite inevitablemente al caso de Generación Zoe y su líder, Leonardo Cositorto, condenado a 12 años de prisión por estafas similares. En ese proceso, la Justicia sí permitió aplicar el principio de oportunidad a algunos colaboradores secundarios del esquema, quienes ofrecieron compensaciones parciales. En esos casos puntuales, el dinero recuperado fue considerado suficiente para evitar el juicio o reducir las penas. Pero Cositorto, como figura central, no obtuvo tal beneficio.

En Mendoza, los hermanos Caroglio están señalados como organizadores de un entramado que operaba a través de las empresas We Are Capital y Cripto Country, con promesas de rentabilidad asegurada en inversiones bursátiles y proyectos virtuales. La sospecha es que todo funcionaba como un esquema Ponzi, donde los fondos de los nuevos inversores servían para pagar a los anteriores, hasta que el sistema colapsó.

La causa judicial sigue avanzando mientras los acusados permanecen detenidos. La posibilidad de un acuerdo económico genera tensiones entre la búsqueda de justicia y el deseo —comprensible— de las víctimas de al menos recuperar algo de lo perdido. Pero en una trama donde la confianza fue vulnerada desde el inicio, no parece fácil que todos acepten conformarse con la mitad. Y la Justicia, por ahora, no parece dispuesta a cerrar esta historia sin respuestas más completas.