El Gobierno provincial y la Municipalidad de Guaymallén avanzaron en un acuerdo que ya comenzó a generar repercusiones: un nuevo protocolo para acompañar a personas privadas de libertad que están próximas a recuperar su libertad, así como a liberados que se encuentran sin redes familiares, sin vivienda o directamente en situación de calle. La iniciativa, presentada como una herramienta de contención social, abre también la discusión sobre el rol del Estado en la reinserción y los límites de su intervención.
Provinciales18/11/2025 RedacciónEl flamante “Protocolo de Articulación Interinstitucional para el Acompañamiento de Personas Privadas de Libertad y Liberados Tutelados en Situación de Vulnerabilidad Social” fue formalizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, conducido por María Mercedes Rus, y la Municipalidad de Guaymallén, bajo la gestión del intendente Marcos Calvente. El convenio, firmado el 22 de julio de 2025, funciona como un puente entre el sistema penitenciario y la vida en libertad para quienes atraviesan escenarios críticos.
El objetivo es claro: evitar que quienes están a semanas o meses de cumplir condena salgan a la calle sin un destino posible. Muchos no cuentan con un domicilio, han perdido sus vínculos familiares o no tienen medios para regresar a su provincia de origen. A eso se suman los casos de liberados que, bajo la tutela de la Dirección de Promoción y Control de Liberados, atraviesan un nivel extremo de vulnerabilidad, lo que expone tanto a ellos como a su entorno a situaciones de riesgo.
El protocolo prevé acompañamiento profesional, asistencia social, insumos básicos, apoyo en cuestiones administrativas y, en los casos más urgentes, acceso transitorio a un lugar donde vivir. También implica una intervención previa al egreso, para evitar que el momento de la salida coincida con el ingreso inmediato a la calle, algo que históricamente ha afectado la reinserción y alimentado ciclos de exclusión difíciles de revertir.
Esta política se articula con la Ley Provincial 8971, que impulsa la resocialización mediante educación, capacitación y trabajo obligatorio dentro de las unidades penitenciarias, buscando acercar la vida intramuros a dinámicas laborales reales. La intención oficial es que esta lógica no se corte al recuperar la libertad, sino que se sostenga con acompañamiento municipal y herramientas concretas para la vida cotidiana.
Desde el Gobierno provincial destacan que el protocolo es una respuesta necesaria para un problema que suele quedar oculto hasta que estalla en conflictos sociales o de seguridad. En Guaymallén sostienen que la contención es clave para evitar que estas personas vuelvan a situaciones de riesgo, pero reconocen que se trata de una política que inevitablemente genera posturas encontradas.
Mientras tanto, el debate ya está instalado: ¿se trata de una apuesta valiente por la reinserción o de una medida que podría traer nuevas tensiones en los territorios? El tiempo dirá si este modelo de intervención conjunta logra modificar un escenario que, hasta ahora, ha sido más una deuda del Estado que una prioridad.
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