Un empresario mendocino demanda al Estado y a AstraZeneca por secuelas tras vacunarse contra el COVID-19

En Mendoza se abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de la pandemia: un empresario de 74 años, vecino de Luján de Cuyo, decidió demandar al Estado nacional y al laboratorio AstraZeneca por los daños que, asegura, le provocó la vacuna contra el COVID-19. La presentación judicial, que se convirtió en la primera en su tipo en la provincia, reclama una indemnización superior a los 152 millones de pesos por una trombosis venosa profunda que habría comenzado a desarrollarse poco tiempo después de recibir la segunda dosis del fármaco.

El hombre, jubilado y dedicado desde hace décadas al rubro vitivinícola, fue vacunado en 2021 con dos dosis de AstraZeneca, en pleno avance del plan nacional de inmunización. Según la denuncia, al mes de haber completado el esquema, comenzó a experimentar síntomas extraños: fiebre, dolores musculares, cosquilleo en las extremidades. Terminó internado en septiembre de ese año en el hospital Santa Isabel de Hungría, en Guaymallén. Aunque fue dado de alta rápidamente, semanas más tarde volvió a ingresar con dolores persistentes en las piernas. Allí le diagnosticaron la afección: trombosis venosa profunda, una condición que lo obliga a tomar anticoagulantes de por vida.

Los médicos evaluaron que sufre una incapacidad permanente del 42%. Esa nueva realidad, asegura el denunciante, modificó por completo su vida: tuvo que abandonar el tenis, dejar de conducir el tractor en su finca y limitó notablemente sus caminatas diarias. Tampoco puede tomar aviones, lo que lo alejó de su familia en Italia y lo marginó de ferias internacionales del vino, actividades que formaban parte habitual de su agenda antes de la pandemia.

Lo que vuelve singular a esta causa no es sólo su carácter pionero en la Justicia Federal de Mendoza, sino también los argumentos que plantea. El abogado del empresario, Carlos Aguinaga, sostiene que su cliente actuó en un contexto de “presión social” y “coerción estatal”, y que no se respetaron las garantías del consentimiento informado. A su vez, cuestiona la Ley 27.573 —sancionada durante la emergencia sanitaria— por establecer cláusulas de confidencialidad e indemnidad a favor de los laboratorios, lo que, según la presentación, impide acceder a la información completa sobre las vacunas y obstaculiza la posibilidad de litigar.

Este caso se inscribe en una tendencia que empieza a emerger en distintos puntos del país: en Córdoba, Rosario, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires ya se han registrado demandas similares, aunque aún no hay fallos firmes. En paralelo, en el Reino Unido, AstraZeneca reconoció recientemente —en el marco de una demanda colectiva— que su vacuna podría causar, en casos excepcionales, un síndrome de trombosis con trombocitopenia, una complicación similar a la que denuncia el mendocino.

Más allá de las implicancias jurídicas, el caso reabre un debate que parecía zanjado: el del equilibrio entre salud pública, responsabilidad estatal y derechos individuales en situaciones de emergencia. La vacunación masiva, que logró contener el avance del virus en el momento más crítico de la pandemia, se apoyó en decisiones sanitarias globales, estudios científicos en constante evolución y campañas de comunicación que priorizaron el mensaje unificado frente al miedo y la desinformación.

Hoy, con el tiempo y la distancia, algunos efectos secundarios —raros, pero documentados— comienzan a emerger en la conversación pública. Este empresario mendocino, que al principio dudó en accionar legalmente, dice estar hoy convencido de que su reclamo es justo. El tiempo y la Justicia tendrán la última palabra.