El Congreso se mete de lleno en dos debates calientes: jubilaciones e imputabilidad

Mientras la mirada pública empieza a posarse sobre las elecciones porteñas del 18 de mayo y el Senado se prepara para discutir Ficha Limpia, en Diputados se vive una jornada con fuerte carga política. Dos temas de alto voltaje social y legislativo se abren paso este martes: el futuro del sistema jubilatorio y la baja de la edad de imputabilidad. Ambos cruzan intereses partidarios, tensiones fiscales y profundas discusiones éticas.

El debate previsional arranca al mediodía en la Sala 1 del Anexo, con un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda. La discusión gira en torno a proyectos que buscan restablecer moratorias para quienes no alcanzan los 30 años de aportes, algo que quedó en el limbo desde que la ley 27.705 caducó en marzo. Hoy, quienes no completan ese requisito solo pueden aspirar a la PUAM, que paga un 20% menos que la jubilación mínima y a partir de los 65 años.

Otro eje es el bono previsional, que sigue congelado en $70.000 desde 2023. En la práctica, ese monto es clave para que millones de jubilados lleguen a cobrar lo mínimo. Sectores de la oposición impulsan un dictamen exprés para llevar la discusión al recinto antes de fin de mes, mientras que el oficialismo libertario acepta abrir el juego, aunque con la calculadora en la mano: quieren evitar cualquier desvío que complique la meta de déficit cero. Dentro de La Libertad Avanza hay tensión. No todos están de acuerdo con dejar a los jubilados afuera de cualquier mejora. Algunos hablan en voz baja de la necesidad de “humanizar el ajuste”.

Unas horas más tarde, la atención se traslada al segundo piso del Anexo. Ahí comienza el plenario para avanzar con el nuevo régimen penal juvenil. La intención es cerrar un dictamen en las próximas semanas, tras varios intentos fallidos. El proyecto del Gobierno proponía originalmente bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Sin embargo, tras negociaciones internas y con sectores de la oposición, el número que hoy gana terreno es 14.

Actualmente, un menor solo puede ser imputado a partir de los 16. Bajar ese umbral es una discusión delicada que no solo involucra aspectos legales, sino también sociales, éticos y hasta filosóficos. Desde distintos espacios, incluidos organismos de derechos humanos, universidades y la Iglesia, ya se alzaron voces de alerta. El Episcopado pidió mirar el problema con otra lente: “más oportunidades que penas”. También desde el ámbito judicial se advierte sobre el peligro de avanzar sin una red institucional que contenga, acompañe y reinserte.

El oficialismo, aun sin mayoría propia, apuesta a marcar la agenda. El Congreso, que venía transitando semanas más bien tranquilas, se sacude de golpe con estos dos temas que obligan a cada bloque a posicionarse y a cada legislador a mostrar qué intereses está dispuesto a defender. Los jubilados y los adolescentes en conflicto con la ley, en el centro del ring político.

Y aunque las cámaras legislativas estén lejos del fervor de campaña que se respira en las calles porteñas, lo que se decida en estos días puede tener efectos concretos, inmediatos y profundamente simbólicos. Porque detrás de cada número, hay una historia. Y detrás de cada ley, una elección.