El concejal radical Burgoa en la cuerda floja mientras crece la presión y se agudiza la interna en Guaymallén

La crisis que atraviesa el Concejo Deliberante de Guaymallén por la situación del concejal radical Miqueas Burgoa no para de escalar. Las versiones cruzadas, los pases de factura dentro del oficialismo y la creciente presión pública por una definición han encendido una tormenta política que pone en jaque la estabilidad institucional del órgano legislativo municipal.

Todo comenzó con una imputación por contravención que cayó como un balde de agua fría sobre el edil. Lo que parecía un hecho aislado fue rápidamente capitalizado por distintos sectores, algunos buscando sostenerlo y otros claramente interesados en su salida. La presidenta del HCD, Verónica Cancela, intentó descomprimir la tensión asegurando que “lo que se le imputa es una conducta ajena a su función institucional”. Para la funcionaria, la responsabilidad es personal: “Deberá hacerse cargo”. Aun así, no cerró la puerta a un posible tratamiento del tema en el recinto y señaló que será el cuerpo legislativo el que defina los pasos a seguir.

Pero quien no se guardó nada fue el intendente Marcos Calvente, que dejó clara su postura en plena actividad oficial en el Espacio Le Parc. “Si fuese mi funcionario, le pido la renuncia. Se tiene que dar la investigación, yo lamento la situación, es un hecho grave. Un concejal debe representar al pueblo”, dijo sin medias tintas. Más aún, reconoció que ya había conversado con Cancela para marcarle su visión sobre el tema: “Él fue votado por los vecinos y para no vulnerar esa confianza, debe ir a reflexionar”.

Las declaraciones de Calvente, más que una opinión, suenan a una invitación directa a dar un paso al costado. Y el momento no puede ser más delicado. En los pasillos del Concejo, la lectura es que el intendente no solo está enviando un mensaje sobre la ética pública, sino también reafirmando su autoridad interna, en un contexto de fuertes tensiones políticas.

Es que la interna radical viene caliente desde hace meses. La reciente disputa por la presidencia del HCD dejó heridas abiertas. En esa oportunidad, Burgoa se abstuvo de votar, bloqueando el intento de Calvente de poner a Juana Allende al frente del Concejo y dejando en su lugar a Verónica Cancela, quien logró la reelección con once votos afirmativos y una abstención: la del propio Burgoa. Esa jugada fue leída por muchos como una traición al sector del intendente y como un gesto de acercamiento al exjefe comunal Marcelino Iglesias, con quien Cancela mantiene una histórica cercanía.

Ahora, la situación judicial del concejal reaviva la interna. Más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Constitución de Mendoza contemplan la posibilidad de destitución de un edil por desorden de conducta, actos de indignidad o mala conducta. El artículo 66 de la Ley 1079 y el 203 de la Constitución provincial son claros: con el voto de los dos tercios del cuerpo legislativo, un concejal puede ser removido de su banca.

Con ese marco legal y con el escenario político tan cargado, la continuidad de Burgoa pende de un hilo. La presión crece. Desde distintos bloques comienzan a alzar la voz y a marcar que la representación pública exige ciertos estándares mínimos de conducta. Y en medio del ruido, lo que queda expuesto es una institucionalidad frágil, atravesada por intereses, internas y una sociedad que cada vez exige más transparencia a sus representantes.

La pelota está en la cancha del Concejo. La decisión será política, pero también marcará un precedente. Porque detrás del caso Burgoa, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la credibilidad de la política local.