Gobierno endurece la política migratoria y exige pago de servicios a extranjeros

    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una serie de medidas para modificar el sistema migratorio argentino, que incluyen mayores requisitos para la residencia y la ciudadanía, así como el cobro obligatorio por servicios de salud y educación a extranjeros, en busca de “ordenar” el acceso a recursos públicos y garantizar la reciprocidad.

    Nacionales14/05/2025 Expreso Mendoza
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    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sorprendió esta semana al anunciar una serie de cambios profundos en la política migratoria argentina. En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que el sistema actual está desbordado y que “las deportaciones se hicieron imposibles”, un problema que según ella requiere una respuesta urgente y contundente.

    Con firmeza, la ministra planteó que hay extranjeros que llegan al país, utilizan servicios de salud para someterse a operaciones médicas y luego se van, sin aportar nada al sistema. “Los servicios que pagan los argentinos no pueden ser utilizados por cualquiera que no tributa en la Argentina, eso es injusto”, afirmó. Esta idea de “justicia” y “reciprocidad” fue el eje central de sus declaraciones, en las que defendió que los extranjeros deban pagar por acceder a servicios públicos como la salud y la educación, tal como ocurre en otros países.

    El Gobierno ya adelantó que llevará adelante un endurecimiento en los requisitos para que los inmigrantes puedan acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía argentina. Además, se impondrá el pago por el uso de servicios públicos esenciales para quienes no sean contribuyentes formales. Manuel Adorni, vocero presidencial, agregó que “cualquier inmigrante con condena será expulsado” y que aquellos que intenten ingresar falsificando datos también serán deportados. Este mensaje apunta a cerrar las puertas a quienes violen las normas, en un intento claro de ordenar un sistema que el oficialismo considera descontrolado.

    Otra novedad es que los residentes temporarios, transitorios e incluso los irregulares tendrán que contar con un seguro médico obligatorio y abonar por los servicios de salud que utilicen. Para el Gobierno, esta medida es clave para proteger un sistema sanitario que, según explican, está pensado para quienes contribuyen con sus impuestos y aportes.

    La propuesta no pasó desapercibida y ya generó reacciones encontradas. Mientras algunos sectores aplauden la necesidad de controlar mejor la migración y proteger los recursos públicos, otros advierten que estas medidas pueden profundizar la exclusión y vulnerar derechos básicos de quienes viven en Argentina, incluso si aún no tienen su situación regularizada. Organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos alertan sobre el riesgo de dejar sin acceso a servicios esenciales a personas en situación de vulnerabilidad.

    Este anuncio se inscribe en un contexto global donde muchos países adoptan políticas migratorias más estrictas, pero la reforma que plantea el Gobierno argentino abre un debate clave sobre el equilibrio entre control, justicia social y derechos humanos. Ahora, el oficialismo buscará en el Congreso el apoyo para formalizar estas modificaciones y dar un marco legal que, aseguran, es imprescindible para ordenar un sistema migratorio que, a su juicio, hoy está fuera de control.

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