El escándalo que envuelve al concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa, sigue dando que hablar. Después de haber sido sorprendido conduciendo ebrio en General Alvear el pasado 10 de mayo, el edil radical decidió esta semana dar la cara —al menos en parte—: viajó hasta el sur provincial, pagó una abultada multa de $1.800.000 y recuperó el auto con el que protagonizó el incidente. Sin embargo, lo que más ruido genera no es el acto en sí, sino su negativa rotunda a dejar el cargo, a pesar de la presión política y el repudio social que lo rodea.
Ese viernes por la noche, tras asistir a un encuentro partidario de la UCR, Burgoa fue detenido en Bowen con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido. No sólo eso: el concejal no tenía consigo la licencia de conducir —ni física ni digital, ya que su celular estaba sin batería—, y según consta en el acta policial, habría intentado usar su cargo para zafar del procedimiento, mencionando que era “amigo del intendente” local. Alejandro Molero, jefe comunal de Alvear, fue categórico al desmentir cualquier tipo de vínculo con Burgoa.
La situación generó un cimbronazo político. Desde el oficialismo provincial, incluido el gobernador Alfredo Cornejo, y también desde la conducción municipal de Guaymallén, encabezada por Marcos Calvente, hubo pedidos más o menos explícitos para que el edil diera un paso al costado. Sin embargo, Burgoa se aferra a su banca. Su abogado, Roberto Alonso, insistió en que no hay motivos legales para que su defendido renuncie, aseguró que “ya cumplió” con la ley y descalificó el tratamiento mediático del caso al decir que “se hizo un circo” de la situación.
Mientras tanto, en el Concejo Deliberante de Guaymallén reina la incomodidad. Aunque en los pasillos nadie defiende lo que hizo Burgoa, la creación de una comisión investigadora para analizar su destitución sigue demorada. Las diferencias internas y la falta de voluntad política de algunos sectores han frenado cualquier avance concreto.
El concejal, por su parte, evitó hacer declaraciones directas a la prensa, aunque expresó un escueto pedido de disculpas “a los ciudadanos de Alvear por todo este inconveniente”. El gesto, claramente insuficiente para una buena parte de la ciudadanía, no logró apaciguar los cuestionamientos que siguen creciendo.
El futuro de Burgoa como concejal pende de un hilo, pero ese hilo parece más resistente de lo que muchos imaginaban. Por ahora, sigue en funciones, amparado en los vericuetos de la política y en una estructura que, al menos hasta ahora, parece más dispuesta a proteger que a sancionar. En una provincia donde la ética pública ha estado tantas veces en entredicho, este nuevo capítulo reaviva el debate sobre los límites del poder y la rendición de cuentas.
