La noticia cayó como un baldazo de agua helada en medio del otoño argentino. Treinta y tres personas murieron en distintos hospitales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras recibir fentanilo contaminado, una droga potente utilizada habitualmente en terapias intensivas y procedimientos quirúrgicos. El escándalo, que ya tiene ribetes de drama sanitario y judicial, fue destapado a mediados de abril por el Hospital Italiano de La Plata y hoy mantiene en vilo al sistema de salud y a las autoridades nacionales.
Todo comenzó con una serie de muertes inexplicables. Pacientes que estaban intubados, bajo sedación o en unidades de cuidados intensivos empezaron a fallecer por causas que inicialmente parecían propias de su cuadro clínico. Sin embargo, los médicos comenzaron a notar un patrón alarmante. Cuando las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, el hallazgo fue lapidario: el fentanilo utilizado estaba contaminado con dos bacterias altamente peligrosas, Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, esta última famosa por su resistencia a los tratamientos antibióticos convencionales.
El foco de la infección fue rápidamente rastreado hasta las ampollas elaboradas por el laboratorio HLB Pharma Group, en conjunto con Laboratorios Ramallo S.A. La ANMAT reaccionó con celeridad: ordenó el retiro inmediato del medicamento de todos los centros sanitarios y suspendió la actividad de ambas firmas. Pero el daño ya estaba hecho. Al Hospital Italiano de La Plata, que contabilizó 15 víctimas fatales, se sumaron el Hospital Clemente Álvarez, el Hospital Cullen, el Hospital Italiano y el Sanatorio Parque de Rosario, además del Sanatorio Dupuytren en la Ciudad de Buenos Aires.
La justicia también puso en marcha su maquinaria. El juez federal Ernesto Kreplak encabezó allanamientos en las sedes de los laboratorios implicados y en la droguería Nueva Era, responsable de la distribución. Allí se incautaron ampollas, documentos y materiales que podrían resultar clave. En paralelo, desde HLB Pharma denunciaron un presunto sabotaje. Alegan que alguien ingresó a la oficina de Garantía de Calidad y destruyó documentación crucial, lo que sugiere la posibilidad de un intento deliberado de ocultar la cadena de errores —o delitos— detrás de la catástrofe.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud lanzó una alerta sanitaria nacional e instruyó a todos los hospitales públicos y privados del país a revisar los medicamentos en stock. Las unidades de fentanilo que aún pudieran estar en circulación deben ser aisladas y analizadas. La preocupación crece porque no se trata de un caso aislado. En lo que va del año, la ANMAT ya había ordenado el retiro de otros productos de HLB, entre ellos ampollas de morfina, diclofenac y hasta agua destilada, todos contaminados con las mismas bacterias.
El caso ha abierto un debate profundo sobre los controles de calidad en la industria farmacéutica argentina. ¿Cómo un medicamento inyectable, destinado a los pacientes más vulnerables, atravesó todos los filtros sin que nadie notara la contaminación? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si las alertas hubieran sonado antes? Y quizás lo más inquietante: ¿estamos ante un caso de negligencia extrema o frente a un acto criminal cuidadosamente ejecutado?
Las respuestas, por ahora, las buscan la justicia, los organismos de control y un sistema de salud sacudido por la tragedia. Lo cierto es que treinta y tres familias lloran hoy a sus seres queridos y un país entero exige que nunca más una ampolla contaminada cruce la puerta de un hospital.
