En una nueva señal de alineamiento con la administración de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei comienza a redibujar su política sanitaria con una medida tan polémica como simbólica: dejaría de recomendar la vacuna contra el COVID-19 en niños sanos y mujeres embarazadas. La iniciativa, todavía en proceso de formalización, surge tras la visita a Buenos Aires de Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos y una figura globalmente reconocida por su postura crítica hacia las vacunas.
Durante su estadía en el país, Kennedy Jr. mantuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud y selló, junto a su par argentino, un comunicado conjunto en el que no sólo ratificaron la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que también delinearon un paquete de medidas sanitarias que buscarán implementar en paralelo. Entre ellas, la revisión del rol de las vacunas en la infancia, el embarazo, y el control de aditivos sintéticos en alimentos y medicamentos aprobados bajo procedimientos de urgencia durante la pandemia.
La posible eliminación de la recomendación de vacunar a chicos sin comorbilidades y mujeres gestantes representa un giro abrupto respecto a las políticas previas, tanto del propio Ministerio como de los principales organismos científicos internacionales. La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que asesora técnicamente al Estado en estas materias, deberá ahora analizar esta propuesta. Si bien su dictamen no es vinculante, históricamente su postura ha sido fundamental para construir consensos en torno a la vacunación en el país.
Desde el Ministerio aseguran que no se trata de una prohibición sino de una “reevaluación” en función del nuevo escenario epidemiológico y los efectos adversos reportados en ciertas poblaciones. Sin embargo, referentes de la comunidad médica advierten que retirar el respaldo estatal a la inmunización de estos grupos podría generar una caída aún más pronunciada en las tasas de vacunación, que ya venían bajando en los últimos años.
Angela Gentile, una de las pediatras más reconocidas del país y presidenta de la CoNaIn, recordó recientemente que los menores de un año presentan tasas de hospitalización por COVID-19 comparables a las de adultos mayores. Además, subrayó que las investigaciones científicas más recientes descartan que la vacunación durante el embarazo esté asociada a riesgos para el bebé; al contrario, podría conferir protección durante los primeros meses de vida del recién nacido.
A todo esto se suma el contexto político: la decisión de salir de la OMS marca un claro distanciamiento del multilateralismo sanitario y se da en medio de una creciente ola de cuestionamientos a las instituciones globales. En línea con la visión libertaria del presidente Milei, la salud pública comienza a reformularse con un enfoque centrado en la “libertad de elección”, aunque a costa de posibles riesgos colectivos.
Lo que se discute, en el fondo, es mucho más que una recomendación sobre vacunas. Es una disputa sobre qué tipo de ciencia guía las decisiones del Estado, qué peso tienen los consensos internacionales y hasta qué punto los gobiernos deben —o no— intervenir en la protección de la salud de los sectores más vulnerables.
El debate está abierto, y como siempre, lo que está en juego no es sólo una política sanitaria, sino una visión de sociedad.
