El Gobierno de Mendoza anunció la compra de 17 furgones policiales para el traslado de efectivos y detenidos, en una operación que supera los 2.000 millones de pesos. La adquisición fue oficializada mediante el Decreto Nº 1178, publicado recientemente en el Boletín Oficial, y representa una de las inversiones más significativas en equipamiento para la fuerza de seguridad provincial en los últimos años.
Según el documento oficial, la empresa Arturo Yacopini e Hijos S.A. será la principal proveedora, encargándose de entregar 17 unidades a cambio de aproximadamente 1.816 millones de pesos. A esta compra se suman además un furgón Iveco Daily, que será provisto por la empresa FICAMEN S.A., y un Peugeot Boxer, que entregará SUR FRANCE S.A. En total, la inversión asciende a 2.030.133.019,39 pesos.
La firma del decreto estuvo a cargo del gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Seguridad Mercedes Rus y el ministro de Hacienda Víctor Fayad, quienes avalaron la operación. Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación de estos vehículos es una respuesta a la necesidad de renovar y ampliar la flota destinada al traslado de policías y detenidos, con el fin de optimizar la operatividad y la seguridad durante estas tareas.
En un contexto económico complejo, esta fuerte inversión en materia de seguridad ha generado opiniones divididas. Mientras que las autoridades defienden la compra como una medida necesaria para fortalecer la capacidad de respuesta de la policía, algunos sectores y especialistas cuestionan el monto desembolsado, sugiriendo que el gasto debería haberse acompañado de un análisis más profundo y transparente, especialmente dado el impacto que estos recursos podrían tener en otras áreas sensibles de la provincia.
La llegada de estos nuevos vehículos está prevista para el segundo semestre del año, y se espera que sean distribuidos en las diferentes departamentales policiales, priorizando las zonas con mayores índices de conflictividad. La decisión forma parte de una política más amplia del gobierno provincial orientada a mejorar el equipamiento y la infraestructura de la fuerza de seguridad, en línea con el discurso de fortalecer la seguridad pública durante la actual gestión.
En definitiva, la compra de estos furgones representa un desafío para el gobierno, que deberá equilibrar la necesidad de mejorar la logística policial con la administración responsable de los fondos públicos, en un momento en que la demanda social por transparencia y eficiencia en el gasto público es cada vez más alta.
