Esta semana, el Congreso nacional comenzó a debatir un proyecto de ley que ya genera amplio debate y diferentes posturas en el ámbito político y económico. Se trata de la iniciativa conocida como “Inocencia Fiscal”, que busca modificar la ley Penal Tributaria y fomentar el uso formal de dólares no declarados, en un contexto donde el ahorro en moneda extranjera sigue siendo una práctica habitual en Argentina.
El proyecto propone aumentar considerablemente los montos mínimos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede iniciar investigaciones por evasión fiscal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y para la evasión agravada, pasaría de 15 millones a 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias se reduciría de cinco a tres años.
Otra novedad importante es la creación de un régimen simplificado para el impuesto a las Ganancias destinado a contribuyentes con patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos. Este régimen eximiría a los contribuyentes de informar sobre las variaciones patrimoniales y los consumos realizados, cobrando el impuesto solo sobre los ingresos facturados. De esta forma, se “blindaría” a quienes adhieran a este régimen frente a eventuales controles fiscales.
Desde el oficialismo se argumenta que estas medidas buscan romper con un sistema que asumía la culpabilidad del contribuyente y establecer un principio de “inocencia fiscal”. Según funcionarios y legisladores vinculados al proyecto, la idea es dar una respuesta más flexible a quienes decidieron ahorrar fuera del circuito formal, sin que ello se traduzca automáticamente en un proceso penal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que se están iniciando las negociaciones con distintos bloques parlamentarios, como el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas, para avanzar con la aprobación de la ley en los próximos días. La Comisión de Presupuesto y Hacienda ya comenzó el análisis formal de la iniciativa, con la intención de emitir dictamen antes de fin de mes.
Sin embargo, no faltan voces críticas dentro del mismo Congreso y en el ámbito público. Algunos legisladores advierten que la iniciativa puede terminar favoreciendo a quienes evaden impuestos, al elevar considerablemente los montos a partir de los cuales se investigan estos delitos y al limitar las herramientas de control del Estado. También se cuestiona la reducción del plazo de prescripción y la posibilidad de extinguir denuncias si se cancelan las deudas tributarias con un pago adicional.
En este sentido, se señala que el proyecto podría interpretarse como un blanqueo encubierto que afecta la lucha contra la evasión fiscal, un problema estructural para las finanzas públicas argentinas. Otros destacan que, si bien es necesario flexibilizar ciertas regulaciones para incentivar la formalización de ahorros, debe existir un equilibrio que evite abusos y garantice la justicia tributaria.
Por lo pronto, el debate en el Congreso continuará en los próximos días, y el futuro del proyecto dependerá del consenso que logren las diferentes fuerzas políticas. En medio de un escenario económico desafiante, la discusión apunta a encontrar caminos que permitan mayor legalidad en el uso de divisas, pero sin perder de vista la necesidad de preservar la recaudación y la transparencia fiscal.
