El Gobierno de Mendoza adjudicó la compra de 3.000 chalecos antibalas por un monto total de $1.945.921.500. La adquisición fue oficializada a través del decreto 1276, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y publicada en el Boletín Oficial.
El proceso licitatorio había comenzado en enero mediante el decreto 105, con un presupuesto estimado en más de $3.150 millones. En total se presentaron cinco oferentes: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, Delta V S.A., Armoring Systems S.A., Tecnología Antibalas S.A. e Industrias Seatle S.A. Finalmente, la empresa seleccionada fue Armoring Systems S.A., cuya propuesta fue considerada como la más conveniente en términos técnicos y económicos.
Según se detalla en los informes técnicos realizados por la División Arsenales del Ministerio de Seguridad y la Dirección General del Servicio Penitenciario, el modelo adjudicado –ONYX ARMOR ONDF3, nivel RB3– cumplió con los requisitos planteados en el pliego, destacándose por su peso, cobertura, ergonomía y calidad de materiales.
Durante la evaluación, cuatro de las cinco propuestas fueron descartadas por distintos motivos. Fabricaciones Militares, por ejemplo, no presentó la muestra del producto, un requisito obligatorio, y presentó una póliza de caución con errores. En el caso de Delta V y Tecnología Antibalas, se observaron incumplimientos administrativos y precios más elevados. La oferta de Industrias Seatle también fue descartada por ser un 31% más costosa y por obtener un puntaje técnico inferior.
Del total adjudicado, 2.500 chalecos serán destinados a la Policía de Mendoza y 500 al Servicio Penitenciario, todos con las mismas especificaciones. El contrato se ejecutará en pesos, aunque se contempla la posibilidad de actualización del monto en caso de variaciones en el tipo de cambio entre la apertura de sobres y el pago.
Para financiar la operación, el decreto autoriza al Ministerio de Seguridad a realizar reestructuraciones internas del presupuesto. En ese marco, se dispuso una reducción de más de $1.200 millones de una partida específica para cubrir parte del gasto.
La compra se enmarca en un plan de modernización del equipamiento de las fuerzas provinciales, que incluye también la incorporación de móviles, tecnología y otros insumos operativos.
