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El Gobierno nacional anunció una serie de medidas que modifican el acceso de los extranjeros a servicios públicos en Argentina. Se habilitará a las universidades a cobrar matrícula a no residentes, se exigirá seguro médico para ingresar al país y se deportará de forma inmediata a quienes sean condenados por delitos. La iniciativa ya genera polémica y críticas de organizaciones de derechos humanos.
Nacionales14/05/2025 Expreso MendozaEl gobierno nacional anunció este miércoles un endurecimiento de su política migratoria que implica cambios significativos en el acceso de los extranjeros a servicios públicos en Argentina. Entre las medidas más destacadas se encuentra la posibilidad de que las universidades cobren a los estudiantes que no sean residentes permanentes, el arancelamiento del sistema público de salud para quienes ingresen al país en condición de tránsito o sin residencia formal, y la deportación inmediata de inmigrantes que cometan delitos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la decisión del Ejecutivo. En una exposición cargada de definiciones políticas, aseguró que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes” y que “todos los extranjeros condenados por algún delito serán deportados”. Afirmó también que hay cerca de 1.700.000 inmigrantes ilegales en el país y que “hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas”.
La medida contempla que todos los residentes transitorios, temporarios o irregulares deberán pagar por la atención médica en hospitales públicos, y para ingresar al país será obligatorio contar con un seguro de salud. Según el gobierno, esta decisión busca “garantizar la sostenibilidad del sistema de salud”, que según datos oficiales, habría destinado 114 mil millones de pesos para atender a ciudadanos extranjeros en solo ocho hospitales nacionales.
En el ámbito educativo, se habilitó a las universidades nacionales a definir si cobrarán o no matrícula a los estudiantes que no cuenten con residencia permanente. La educación primaria y secundaria, en cambio, seguirá siendo gratuita tanto para argentinos como para todos los residentes. El vocero aclaró que esto se hará respetando la autonomía universitaria, por lo que la decisión final quedará en manos de cada institución.
La reforma también prevé un mayor control en el otorgamiento de la ciudadanía argentina. A partir de ahora, sólo podrán solicitarla aquellos extranjeros que hayan residido de manera continua durante al menos dos años o quienes hayan realizado una inversión relevante en el país.
El gobierno considera que estos cambios son necesarios y que debieron haberse aplicado hace tiempo. Sin embargo, distintas organizaciones de derechos humanos ya advirtieron que estas medidas podrían vulnerar derechos básicos de la población migrante, al restringir el acceso a servicios fundamentales y habilitar mecanismos de expulsión acelerados sin las debidas garantías judiciales.
En algunos distritos, como Mendoza, ya se habían implementado políticas similares desde 2024, como el cobro de servicios de salud a turistas. Ahora, el enfoque se extiende a todo el país con la intención de aplicar una línea uniforme y más estricta respecto al ingreso y permanencia de extranjeros en territorio argentino.
La decisión genera una fuerte discusión pública y deja en evidencia un cambio de paradigma que pone en tensión el histórico carácter inclusivo del sistema argentino, especialmente en salud y educación, con una visión más restrictiva, orientada a la protección de los recursos estatales y al control migratorio.
La ministra de Seguridad aseguró que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
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