Estados Unidos vuelve a endurecer su política migratoria. El expresidente y actual candidato republicano Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone restricciones de entrada a ciudadanos de 19 países, entre ellos Venezuela y Cuba, argumentando fallas en los sistemas de control migratorio y una supuesta “actitud hostil” hacia Estados Unidos.
La medida, impulsada tras un informe elaborado por el Departamento de Estado bajo la dirección de Marco Rubio, establece que varios países no cumplen con los estándares mínimos en materia de verificación de identidad, cooperación internacional y aceptación de ciudadanos deportados. Según Trump, estas deficiencias “ponen en riesgo la seguridad nacional” y justifican suspensiones totales o parciales de visados.
Entre los países afectados, Venezuela y Cuba aparecen como los casos más críticos.
En el caso venezolano, la orden sostiene que el país no cuenta con una autoridad central “competente ni cooperativa” para emitir pasaportes o documentos civiles, ni con mecanismos adecuados para verificar la identidad de sus ciudadanos. También se destaca que el régimen de Nicolás Maduro se ha negado históricamente a aceptar la repatriación de venezolanos con orden de deportación en EE UU. Como agravante, el informe señala que casi el 10% de los venezolanos que ingresaron con visados de turismo o negocios (B-1/B-2) prolongaron su estadía más allá del tiempo permitido.
A partir de ahora, Estados Unidos suspenderá la entrada de venezolanos que viajen como inmigrantes o no inmigrantes con visados de turismo, negocios, estudios o intercambio cultural. Específicamente, la prohibición abarca los visados B-1, B-2, F, M y J, entre los más utilizados por estudiantes, emprendedores, académicos y turistas. Además, los consulados reducirán la validez de cualquier otro tipo de visado otorgado a venezolanos, siempre que la legislación lo permita.
En cuanto a Cuba, el argumento oficial es que se trata de un “Estado patrocinador del terrorismo” que no colabora suficientemente con las autoridades estadounidenses y que, al igual que Venezuela, se ha negado de forma reiterada a aceptar ciudadanos deportados. El documento también resalta que más del 18% de los cubanos que ingresaron con visados de estudios o intercambio (F, M y J) permanecieron en el país más tiempo del autorizado, una cifra considerada alarmante por los funcionarios encargados del análisis.
La medida, por tanto, incluye también a los ciudadanos cubanos que ingresen con visados de turismo, negocios, estudios o intercambio, y establece una política de restricción de la validez de otros visados temporales en función de criterios legales.
Más allá de América Latina, la orden afecta a una decena de países africanos y algunos de Asia y Medio Oriente. En varios de estos casos, los informes se basan casi exclusivamente en los porcentajes de ciudadanos que prolongan su estancia más allá del periodo autorizado. La orden, sin embargo, no ofrece evidencia concreta de vínculos con redes criminales o amenazas a la seguridad nacional, lo que ha generado duras críticas.
Desde organizaciones de derechos humanos hasta sectores del Partido Demócrata, las voces en contra no tardaron en manifestarse. Denuncian que la decisión responde más a intereses electorales que a criterios objetivos de seguridad, y advierten que revive políticas migratorias que ya fueron motivo de fuertes polémicas durante el primer mandato de Trump.
Gobiernos como el de Venezuela han calificado la orden como una “agresión política y racista”, mientras que desde La Habana acusan a Trump de usar la política migratoria como herramienta de presión ideológica.
En la práctica, la medida afectará a decenas de miles de ciudadanos, incluidos estudiantes, familias en proceso de reunificación, trabajadores temporales y personas en tránsito por razones humanitarias. También golpea a una región en la que la migración hacia Estados Unidos no se detiene, alimentada por crisis políticas, económicas y sociales que, lejos de solucionarse, se profundizan.
Con esta orden, Trump vuelve a colocar la política migratoria en el centro de la escena, recuperando parte de su discurso más característico. En pleno año electoral, busca reforzar su imagen de “duro con la inmigración” y marcar diferencias con la política más flexible de la actual administración.
Pero el anuncio, más allá del impacto político, tendrá consecuencias humanas inmediatas. Miles de personas que ya tenían pasajes, entrevistas o planes concretos para viajar a Estados Unidos ahora deberán postergarlos o cancelarlos. Muchas otras quedarán atrapadas en la incertidumbre, sin saber si alguna vez podrán volver a cruzar una frontera que, para ellas, simbolizaba una oportunidad.
