El traslado de Lázaro Báez a una cárcel común, dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 4, marcó este miércoles un nuevo capítulo en una de las causas más emblemáticas de los últimos años vinculadas al lavado de dinero en Argentina. La medida, ejecutada tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes sus condenas, implica que el empresario deberá cumplir en una unidad penitenciaria federal lo que resta de su pena por la llamada "Ruta del dinero K".
Báez, quien hasta ahora cumplía arresto domiciliario en Santa Cruz, fue condenado a 10 años de prisión por lavado agravado de activos. Además, pesa sobre él una segunda condena, también ratificada por el máximo tribunal, a seis años de cárcel en el marco de la causa Vialidad, en la que también fue condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión judicial se basa en la postura del fiscal Abel Córdoba, quien había solicitado la detención efectiva y el cumplimiento íntegro de la pena en una cárcel común, señalando que no existían razones médicas ni condiciones excepcionales que justificaran mantenerlo en su domicilio.
El operativo se llevó adelante con fuerte custodia de Gendarmería Nacional. Báez fue trasladado desde su casa en El Calafate al Escuadrón 42 y desde allí, en horas de la tarde, fue ingresado a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos. Esa unidad penitenciaria, curiosamente, está ubicada a pocos metros de su vivienda, lo que generó cierta atención mediática, aunque el traslado se concretó sin incidentes.
La defensa del empresario, por su parte, insiste en que Báez ya ha cumplido parte sustancial de la condena —entre su tiempo en prisión preventiva en el penal de Ezeiza y el período bajo arresto domiciliario— y que ese tiempo debería computarse en forma acumulativa. La fiscalía sostiene lo contrario: argumenta que las condenas responden a causas distintas y, por lo tanto, deben cumplirse de forma independiente. Según esa interpretación, a Báez aún le restarían más de seis años de prisión.
El caso vuelve a poner en escena los cuestionamientos sobre el uso del arresto domiciliario para delitos de corrupción y el modo en que los tiempos de detención se computan en casos con múltiples causas abiertas. También reaviva la discusión pública y política sobre el funcionamiento del sistema judicial en materia de delitos económicos complejos, sobre todo cuando los protagonistas están vinculados con la obra pública y los gobiernos nacionales.
Sin declaraciones públicas de Báez hasta el momento y con su defensa evaluando próximos pasos judiciales, el escenario legal sigue abierto. No se descarta que pueda solicitar beneficios por edad o salud en el corto plazo, aunque por ahora lo que prima es la resolución firme de los tribunales: Lázaro Báez ya no cumplirá su condena en su casa. Ahora lo hará tras las rejas.
