En un intento por dar una respuesta política y humanitaria a la crisis provocada por el fentanilo contaminado, el kirchnerismo elevó en el Congreso una propuesta que pone el foco en la reparación económica y el acompañamiento integral de los damnificados. El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria), busca atender tanto a los sobrevivientes como a los familiares de quienes perdieron la vida a raíz de la intoxicación que sacudió al país meses atrás.
La iniciativa propone otorgar una compensación económica equivalente a tres salarios mínimos, junto con una serie de prestaciones que abarcan cobertura médica, apoyo psicológico, asistencia social y programas educativos y laborales. Además, establece la creación de una pensión vitalicia para hijos, cónyuges o convivientes de las víctimas fallecidas, con la condición de acreditar al menos dos años de vida en común. Para quienes sobrevivieron, el subsidio se mantendría mientras persista alguna incapacidad laboral producto del episodio.
El proyecto también incorpora criterios amplios de acceso: podrán recibir la ayuda menores de 18 años y jóvenes de hasta 25 que sigan estudiando. A su vez, aclara que esta reparación no será incompatible con eventuales indemnizaciones por la vía judicial o extrajudicial, lo que les permitirá a los afectados mantener abierta la posibilidad de otros reclamos.
Valdés fundamentó la propuesta señalando que la tragedia expuso “fallas estatales, negligencias privadas y una cadena de responsabilidades que dejó a muchas familias sin sostén”. Por eso, sostuvo que el Estado debe asumir “una respuesta integral, sostenida y transparente”, una postura que ya sumó adhesiones dentro de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
El proyecto contempla además la creación del Programa de Reparación Integral bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, junto con un Consejo de Control y Seguimiento que incluirá la participación de familiares de víctimas, ONG vinculadas a políticas sanitarias y organismos estatales. La intención es asegurar un monitoreo real del proceso, que evite dilaciones y garantice que la asistencia llegue de forma efectiva a quienes la necesitan.
En paralelo, familiares y organizaciones que acompañan el caso reclaman que esta reparación sea tratada con urgencia. Consideran que la tragedia dejó al descubierto la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre medicamentos y de establecer políticas sólidas para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.
La discusión legislativa recién comienza, pero el proyecto ya abrió un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas tras uno de los hechos más graves vinculados al consumo de sustancias adulteradas en la Argentina.
