Expreso MendozaEl acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no es solo una apertura de mercados. Es también una exportación de reglas: las empresas argentinas que quieran vender en Europa deberán adaptarse a un marco de exigencias ambientales, sociales y de gobernanza que la UE construyó para sí misma y que ahora extenderá a sus proveedores del mundo.
El acuerdo elimina más del 90% de los aranceles sobre exportaciones agroindustriales y minerales argentinas —carne bovina, soja, bioetanol, metales— y abre un mercado de cientos de millones de consumidores con mayor predictibilidad. Pero esa puerta no está libre de condiciones.
La Unión Europea ha construido un denso entramado regulatorio conocido como marco ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), que incluye tres pilares fundamentales. El primero es el Reglamento de Deforestación (EUDR), que prohíbe la comercialización en Europa de productos vinculados a la destrucción de bosques y exige trazabilidad por geolocalización: cada envío de carne o soja debe demostrar que no está ligado a deforestación ocurrida después de 2020, con precisión desde la parcela de origen hasta el consumidor final.
El segundo pilar es la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que obliga a las grandes empresas europeas a identificar, prevenir y remediar impactos en derechos humanos y medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro. En la práctica, los importadores europeos deberán evaluar y auditar a sus proveedores argentinos, pudiendo desvincularse de quienes no gestionen adecuadamente los riesgos laborales, de uso del suelo o ambientales.
El tercer pilar es la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que exige la divulgación de datos verificados sobre impactos ambientales y sociales de las cadenas de valor, incluyendo el riesgo climático, la pérdida de biodiversidad, los derechos humanos y las emisiones indirectas. Los exportadores argentinos deberán proveer información precisa sobre uso del agua, condiciones laborales y conversión de tierras, entre otros indicadores.
Para los productores mendocinos, el impacto concreto es evidente. La industria vitivinícola, que exporta a Europa una porción significativa de su producción de alta gama, deberá acreditar estándares de sostenibilidad que van más allá de la calidad enológica. Las bodegas que ya trabajan con certificaciones internacionales y prácticas de agricultura sustentable tendrán ventaja. Las que no, deberán invertir o resignar mercado.
Lo mismo ocurre con los productores de ajo, aceite de oliva y otros cultivos mendocinos con destino europeo: la trazabilidad y las condiciones laborales en toda la cadena serán objeto de escrutinio. No se trata de un requisito teórico; los compradores europeos ya están exigiendo estos datos contractualmente.
Argentina avanzó en una dirección correcta al lanzar un sistema de certificación para carne bovina libre de deforestación, integrado con la plataforma Visec y piloteado inicialmente hacia Alemania. Es una señal de que el país puede posicionarse como proveedor de altos estándares, pero ese esfuerzo debe escalarse más allá de los proyectos piloto para alcanzar a toda la cadena productiva.
Para las pymes exportadoras —muchas de las cuales no están directamente en el alcance de las nuevas directivas europeas—, la presión llegará de manera indirecta pero igualmente real: sus clientes grandes deberán cumplir las reglas, y para hacerlo necesitarán que toda su cadena de proveedores también lo haga. No adaptarse puede significar quedar fuera de esas cadenas de valor.
Los costos de cumplimiento subirán: mapeo de fincas, auditorías de terceros, sistemas de trazabilidad digital, certificaciones y reportes verificables son inversiones que deberán planificarse. Sin embargo, quienes actúen anticipadamente pueden asegurar relaciones comerciales preferenciales con importadores europeos y acceder a condiciones de mercado más favorables que sus competidores menos preparados.
El acuerdo UE-Mercosur expone un dilema estratégico para Argentina: ver las exigencias de sostenibilidad como un obstáculo burocrático costoso, o entenderlas como una palanca de modernización productiva. Los países que elijan el segundo camino estarán mejor posicionados en un mundo donde las condiciones ambientales y sociales son ya, de hecho, la verdadera tarifa de acceso a los mercados más valiosos del planeta.
