La morosidad empresaria se dispara en Argentina: las pymes son las más afectadas

El sistema financiero argentino exhibe una fractura cada vez más evidente: mientras las grandes corporaciones sostienen su capacidad de pago casi sin dificultades, las pequeñas y medianas empresas acumulan deudas que ya no pueden cubrir. La morosidad en el segmento empresarial dejó de ser un dato marginal y se convirtió en una tendencia que preocupa a analistas y entidades bancarias por igual.

En diciembre de 2025, la tasa de créditos comerciales con problemas de cobro cerró en el 2,7%, un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Pero la magnitud del salto se aprecia mejor en la comparación anual: un año antes, ese mismo indicador apenas alcanzaba el 0,8%. La aceleración del deterioro se concentró especialmente en la segunda mitad de 2025, cuando la mora pasó del 1% en mayo al 2,5% en diciembre.

La estructura del mercado crediticio local explica buena parte de este fenómeno. Según datos del Banco Provincia, el 42% del volumen total de préstamos está en manos de apenas el 0,3% de las sociedades registradas —las grandes empresas—, mientras que el 58% restante debe repartirse entre el 99,7% del tejido empresarial activo. Esa concentración tiene consecuencias directas sobre quién puede cumplir y quién no.

Las grandes compañías mantienen un índice de morosidad de apenas el 0,9%. Cuentan con herramientas de gestión de liquidez, acceso a financiamiento diversificado y estructuras que les permiten adaptarse mejor a la coyuntura. Para ellas, el crédito es una opción estratégica. Para las pymes, en cambio, es oxígeno.

Las pequeñas y medianas empresas registran una tasa de irregularidad del 4%, una cifra que no sorprende si se considera el contexto en el que operan. Los elevados costos financieros, la dificultad para trasladar aumentos a precios y la falta de fluidez en las ventas generaron una combinación explosiva. Muchas de estas unidades productivas priorizan el pago de salarios y proveedores críticos, dejando las cuotas bancarias para un segundo plano que cada vez llega más tarde.

Al mirar por sectores, la construcción encabeza el ranking de los más afectados. La paralización de proyectos de infraestructura y el encarecimiento sostenido de los materiales golpearon con fuerza a un sector que ya venía deteriorado. El comercio minorista ocupa el segundo lugar: con un consumo interno que no termina de recuperarse, muchos negocios quebraron su cadena de pagos en algún eslabón.

En el extremo opuesto, los sectores vinculados a la exportación —el agro y la energía, principalmente— muestran indicadores sensiblemente más saludables. Son ellos quienes sostienen las estadísticas globales e impiden que los promedios reflejen con crudeza lo que vive la mayor parte del entramado productivo.

La consultora LCG advierte que la ausencia de un motor claro de expansión económica es el factor estructural detrás de este deterioro. Sin crecimiento que traccione la demanda, las empresas ven limitada su capacidad de generar caja. El riesgo de impago, a su vez, induce a los bancos a endurecer las condiciones de acceso al crédito, retroalimentando un círculo que golpea especialmente a quienes más lo necesitan.

La situación tampoco pasó inadvertida para los mercados internacionales. La calificadora Moody's emitió una advertencia sobre la calidad de los activos del sistema financiero argentino, señalando que la inflación persistente y la caída de los ingresos reales erosionan la capacidad de pago tanto de empresas como de familias. La agencia estimó que el deterioro podría extenderse durante gran parte de 2026 si las variables macroeconómicas no se estabilizan.

El frente de las familias no ofrece mejor panorama. Más de 20,5 millones de personas en el país —uno de cada dos adultos— tiene algún tipo de deuda, un número que creció un 8% en el último año. La mora total en el sistema para los hogares se ubica en el 13%, pero el dato más alarmante está en las entidades no bancarias: fintech, billeteras virtuales y tarjetas de supermercados registran una irregularidad del 24,6%.

Para Mendoza, donde las pymes son columna vertebral de sectores clave como el vitivinícola, el turístico y el de servicios, estas cifras no son abstracciones estadísticas. Son señales de un estrés financiero que se manifiesta en comercios que bajan sus persianas, proveedores que no cobran a tiempo y familias que recurren al crédito informal para llegar a fin de mes.

Los analistas coinciden en que cualquier recuperación salarial que llegue en los próximos meses no se traducirá en consumo de manera inmediata. Primero deberán cancelarse las deudas acumuladas durante dos años de crisis, lo que postergaría el esperado repunte de la demanda interna y extendería el período de tensión financiera para buena parte del tejido productivo nacional.