El gobierno argentino ha decidido desclasificar los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) relacionados con la dictadura cívico-militar, un paso clave en la búsqueda de justicia y memoria histórica. Esta medida, que pone fin a décadas de opacidad, permitirá acceder a más de 250,000 documentos sobre la represión ilegal de los años 1976-1983. Aunque celebrada por organismos de derechos humanos, la desclasificación genera debates sobre su uso y los riesgos de manipulación política, mientras el país encara el desafío de construir una narrativa colectiva basada en la verdad.
Nacionales25/03/2025 Expreso Mendoza
En una decisión histórica que marcará un antes y un después en el proceso de memoria y justicia, el gobierno argentino ha anunciado la desclasificación total de los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) relacionados con la dictadura cívico-militar. Estos documentos, que hasta hoy permanecían ocultos en las sombras de la opacidad estatal, abarcan un periodo de gran oscuridad: 1976-1983, los años más sangrientos de la historia reciente del país.
La medida, que coincide con el 49° aniversario del golpe de Estado, busca que finalmente los argentinos tengan acceso a una parte crucial de su historia, muchas veces silenciada y distorsionada. La documentación desclasificada incluye más de 250,000 fichas sobre personas y organizaciones, además de registros sobre el personal que integró la SIDE, sus operaciones encubiertas y la estructura secreta del aparato represivo. Fue en 2020, durante una intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando se descubrió y comenzó a digitalizar este material. A partir de ahora, el Estado permitirá su acceso público, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los crímenes de la dictadura.
La desclasificación de estos documentos tiene una enorme carga simbólica. A lo largo de los años, estos archivos estuvieron bajo un control exclusivo que impidió su acceso público, generando una sensación de desconfianza y opacidad. Para muchos, estos archivos han sido durante demasiado tiempo una suerte de "libro cerrado" que contenía las claves de lo que ocurrió en esos años, y que ahora, finalmente, se abre a la luz.
Para los organismos de derechos humanos, la apertura de estos archivos representa un paso decisivo en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es una oportunidad para poder seguir rastreando las huellas de la represión ilegal y, sobre todo, para que las familias de las víctimas puedan encontrar respuestas definitivas. Estos documentos contienen información sobre la persecución de militantes, las redes de colaboración con los organismos internacionales de inteligencia, y detalles sobre las operaciones encubiertas que permitieron el accionar del terrorismo de Estado.
No obstante, la medida no ha estado exenta de controversia. Diversos sectores, especialmente de la oposición, han señalado que, a pesar de este avance, aún queda mucho por hacer. La falta de un consenso sobre el uso y la interpretación de estos archivos sigue siendo una piedra de toque en el debate político argentino.
Desde el gobierno de Javier Milei, se ha señalado que algunos de estos documentos deben ser tratados con cautela, sugiriendo que ciertos contenidos podrían ser utilizados con fines políticos para "hacer justicia a medias" o incluso para "justificar una narrativa sesgada". A su vez, organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo han expresado su preocupación por las políticas que restan valor a la memoria histórica, advirtiendo que el riesgo de olvidar o tergiversar lo sucedido sigue siendo muy alto.
A pesar de las tensiones políticas, la desclasificación de los archivos es una victoria para la sociedad civil y para quienes han luchado durante décadas por esclarecer lo sucedido en la dictadura. No solo se trata de un ejercicio de transparencia, sino de un reconocimiento institucional de la necesidad de asumir el pasado de manera integral y profunda.
Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. La gran pregunta es cómo garantizar que el acceso a estos archivos sea transparente y utilizado de forma ética. Es fundamental que esta apertura no se convierta en una herramienta más para la manipulación política, sino que, por el contrario, sea un medio para fomentar un entendimiento genuino de los hechos ocurridos durante esos años oscuros.
El trabajo de los investigadores, historiadores y víctimas será clave en este proceso. La desclasificación no es solo un acto administrativo, sino una invitación a reflexionar colectivamente sobre el pasado, para que nunca más se repitan los horrores de la dictadura.
En definitiva, la desclasificación de los archivos de la SIDE marca un antes y un después en la historia argentina. Es una puerta abierta a la verdad, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para cerrar de manera definitiva la herida que dejó la dictadura.
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