En una extensa jornada legislativa que se prolongó por más de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó varios proyectos impulsados por bloques opositores, entre ellos un aumento de emergencia para las jubilaciones, la declaración de emergencia en materia de discapacidad y la asistencia a localidades afectadas por el temporal de mayo. Las iniciativas generaron fuertes tensiones con el oficialismo, que rechazó las medidas por considerar que comprometen el equilibrio fiscal alcanzado por la gestión de Javier Milei.
La sesión especial fue convocada por la oposición con el objetivo de discutir iniciativas sociales que el Gobierno venía postergando. Con una mayoría conformada por Unión por la Patria y otros bloques dialoguistas, se aprobó un incremento del 7,2% en las jubilaciones y un aumento del bono previsional, que pasaría de los actuales $70.000 a $110.000. El oficialismo anticipó que vetará la norma, aduciendo que los fondos necesarios para sostener este ajuste no están contemplados en el presupuesto y que su implementación podría desestabilizar los logros macroeconómicos recientes.
Además, se aprobó por 148 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones la emergencia nacional en materia de discapacidad, medida que regirá hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, presentada por Unión por la Patria, contempla una serie de reformas estructurales al sistema: incremento automático de las pensiones, mejoras en los mecanismos de control y auditoría, y exenciones impositivas para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Aunque algunos legisladores oficialistas y del PRO se manifestaron a favor de ciertos puntos del proyecto, argumentaron que la propuesta no incluía un análisis financiero riguroso y que su implementación en los términos actuales resultaba inviable. La diputada Emilia Orozco (LLA) fue una de las voces más críticas al señalar que “se ha hecho de la discapacidad un curro” y cuestionar la falta de un plan sustentable para financiar las pensiones y los servicios asociados. En sintonía, Martín Maquieyra (PRO) sostuvo que la oposición impulsaba estas leyes “desesperadamente para sumar votos” sin evaluar el impacto económico.
Por otro lado, los bloques que impulsaron la emergencia defendieron la urgencia de las medidas. Legisladores como Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Soledad Carrizo (UCR) coincidieron en que la situación del sistema de discapacidad es crítica y que no puede esperar una reforma integral para brindar respuestas inmediatas. Carrizo pidió al Ejecutivo “voluntad política” para abordar el tema y propuso convocar a una mesa de diálogo que integre a todos los sectores involucrados.
En paralelo al debate legislativo, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de protestas. A la tradicional marcha de jubilados se sumaron reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan y movilizaciones por el décimo aniversario del movimiento Ni Una Menos, lo que otorgó un clima de fuerte tensión social a la jornada.
Casi al final de la sesión, y con el voto unánime de los 196 diputados presentes, se aprobó también la declaración de zona de emergencia y catástrofe por 180 días para varias localidades de Buenos Aires y Santa Fe afectadas por las intensas lluvias de mayo. Entre las ciudades más perjudicadas se encuentran Bahía Blanca, Coronel Rosales, Zárate, Campana, Salto y San Antonio de Areco.
Desde el oficialismo, la reacción no se hizo esperar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el presidente Milei vetará el aumento a las jubilaciones y otras medidas que impliquen un gasto extra sin una contrapartida presupuestaria. En ese sentido, advirtieron que no convalidarán lo que consideran “un desvío fiscal irresponsable”.
La oposición, sin embargo, celebró los avances legislativos como una señal de que el Congreso puede ofrecer respuestas concretas a sectores vulnerables, aún frente a un Ejecutivo que sostiene una política de ajuste fiscal estricta. Legisladores como Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) llamaron a “reflexionar sobre las demandas sociales que están emergiendo” y advirtieron que “no alcanza con la macro para ganar una elección”.
Las medidas ahora deberán enfrentar el filtro del Ejecutivo, que podría utilizar el veto como herramienta para bloquear su implementación. En ese caso, se abriría un nuevo capítulo de tensión entre el Poder Legislativo y el Gobierno nacional, en un año marcado por la fragilidad social y los desafíos económicos persistentes.
