En medio de un clima político cada vez más tenso, el presidente Javier Milei ratificó su decisión de vetar la ley que propone un aumento en las jubilaciones, una iniciativa que ya cuenta con media sanción en el Congreso. La medida, impulsada por la oposición, contempla una recomposición del 8,1% y un bono complementario para los haberes más bajos, con el objetivo de paliar el fuerte impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores.
Milei fue enfático al respecto y utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin”. La frase no deja margen de interpretación y se alinea con el núcleo del programa económico que el Gobierno sostiene desde el inicio de su gestión: el equilibrio fiscal como principio inquebrantable.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó esa línea en un encuentro con empresarios al afirmar que el Ejecutivo no convalidará leyes que impliquen un incremento del gasto público. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue incluso más directo: “El Presidente vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino”.
La resistencia del oficialismo se da en un contexto complejo. El proyecto obtuvo respaldo mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con apoyo transversal que incluyó a sectores de la UCR, el peronismo disidente y bloques provinciales. De concretarse el veto, el Congreso aún tiene la posibilidad de insistir con dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario que, por el momento, no está garantizado.
La oposición, por su parte, considera que la actualización de las jubilaciones es una cuestión de justicia básica. Argumentan que, tras años de pérdida sostenida del poder adquisitivo, el ajuste sobre los jubilados se vuelve insostenible. Desde los bloques dialoguistas hasta sectores de la izquierda, el diagnóstico es similar: no se puede sostener un superávit fiscal a costa de los sectores más vulnerables.
En las calles también se ha sentido la tensión. Esta semana se realizaron manifestaciones frente al Congreso donde confluyeron jubilados, organizaciones sociales, gremios docentes y agrupaciones vinculadas a la salud pública. La consigna compartida fue el rechazo al ajuste y la defensa del sistema previsional como una política de Estado.
Mientras tanto, el Gobierno anunció que seguirá entregando un bono de $70.000 para los haberes más bajos, aunque esta medida es vista por buena parte del arco político y sindical como un parche insuficiente frente al deterioro sostenido del poder adquisitivo de los jubilados.
Más allá de lo inmediato, el debate sobre las jubilaciones pone en evidencia una tensión de fondo: cómo compatibilizar el orden fiscal con una red de contención social mínima. La decisión de Milei abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, pero también refleja un dilema que excede a la coyuntura: quién paga el costo del ajuste en la Argentina.
