Expreso MendozaA 200 metros de la Casa de Gobierno de Mendoza, en calle Belgrano, funcionó durante años uno de los lugares más siniestros de la historia provincial. Era el Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como el D2. Tenía trece celdas, personal entrenado para secuestrar, torturar y matar, y comenzó a operar incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Más de 300 personas pasaron por ese edificio. La mayoría de los mendocinos que lo cruzaban en el centro de la ciudad no sabían —o fingían no saber— qué ocurría adentro.
A 50 años del golpe cívico-militar, Mendoza tiene su propia historia que contar. No es un capítulo menor ni lejano de la historia nacional: es parte del mismo plan sistemático, ejecutado en esta provincia con la misma frialdad y la misma impunidad que en el resto del país.
Los números del terror en Mendoza
Las cifras que dejó la dictadura en Mendoza son datos abiertos, parciales, porque la clandestinidad del plan represivo hace imposible un número definitivo. Lo que se sabe hasta ahora: cerca de 275 personas fueron desaparecidas en la provincia, aunque distintas organizaciones de derechos humanos calculan que la cifra total supera las 300. El 90 por ciento tenía entre 18 y 40 años. Al menos 6 niños fueron secuestrados junto a sus madres. Hay tres casos documentados de apropiación de bebés con resolución judicial, y la búsqueda continúa.
Los principales centros clandestinos de detención funcionaron en el corazón urbano y en instalaciones militares: el D2 del Palacio Policial, la Compañía de Comunicaciones, el Casino de Suboficiales, el Liceo Militar General Espejo —donde hoy funciona una escuela—, el Campo Las Lajas dependiente de la Fuerza Aérea en Las Heras, comisarías del Gran Mendoza y dependencias en el interior, incluyendo San Rafael. En varios de esos lugares hubo personas encadenadas y torturadas.
Mendoza quedó integrada a la Subzona 33, bajo la autoridad del Tercer Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba, cuyo comandante fue el represor Luciano Benjamín Menéndez. Esa estructura regional fue la misma que operó el centro clandestino La Perla, en Córdoba, donde esta semana —a días del 50° aniversario— la Justicia identificó los restos de dos mendocinos desaparecidos: Ramiro Sergio Bustillo Rubio, nacido en San Rafael, y Eduardo Jorge Valverde Suárez, oriundo de la Ciudad de Mendoza. Fueron secuestrados en 1976 y 1977. Sus familias esperaron casi cinco décadas para tener respuestas.
Los jueces cómplices: el caso único de Mendoza
Uno de los capítulos más extraordinarios de la historia judicial mendocina es el llamado Juicio a los Jueces. En 2017, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó a cuatro exmagistrados —Romano, Miret, Petra y Carrizo— a prisión perpetua por complicidad con el terrorismo de Estado. Funcionarios del Poder Judicial que, en lugar de investigar los secuestros y denuncias que llegaban a sus despachos, los archivaron, los ignoraron o directamente los encubrieron.
Fue un fallo histórico en el país: pocas jurisdicciones llegaron a sentar en el banquillo a los propios jueces del Estado dictatorial. El exfiscal Otilio Romano había huido a Chile para evitar el proceso. Fue extraditado y terminó condenado a cadena perpetua.
La justicia que llega, y la que falta
En marzo de 2026, con el aniversario encima, la Justicia mendocina procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la dictadura. Son delitos que hasta hace poco no se investigaban con esa perspectiva: hijos secuestrados junto a sus padres, niños que fueron testigos del horror o que quedaron abandonados tras los operativos. La causa continúa abierta.
A nivel nacional, el panorama al cumplirse el medio siglo del golpe es el siguiente: 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, con 1.231 personas condenadas. Más del 84 por ciento cumple prisión domiciliaria. Hay 12 juicios en curso y 282 causas en investigación, con casi 300 procesados que permanecen en libertad. La brecha entre detenidos y libres es, en 2026, la más amplia de la historia del registro judicial. Los organismos de derechos humanos advierten que el tiempo biológico de los represores es el mayor obstáculo que enfrenta la justicia hoy.
El D2, hoy
El mismo edificio donde funcionó el centro clandestino más importante de Mendoza es hoy el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Está en calle Belgrano, en pleno centro de la ciudad. Se pueden hacer recorridos guiados por sobrevivientes —con cita previa. Es el segundo centro de detención clandestino convertido en museo en Argentina, después de la ESMA.
Entrar al ex D2 es una experiencia que no se olvida. Los pasillos, las escaleras, las celdas donde fueron detenidas y torturadas cientos de personas mendocinas. Todo a 200 metros de la Casa de Gobierno. Todo en el corazón de la ciudad donde vivimos.
A 50 años del golpe, ese edificio sigue en pie como testimonio. La pregunta que queda flotando no es solo qué pasó ahí adentro. Es cuánta gente pasó por la vereda todos los días y miró para otro lado.
